Ecologistas en Acción recurre la Estrategia de Energía, Clima y Aire de Madrid, por omitir el ozono

Ecologistas en Acción ha demandado hoy a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia por omitir en su Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030, aprobada el pasado 29 de diciembre, el preceptivo Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico, que permita reducir los elevadísimos niveles de este contaminante que soportan la población y el medio ambiente madrileños desde hace más de una década.

Dicha Estrategia, publicada en el BOCM de 15 de enero de 2024, posterga sine die la elaboración y aprobación del necesario Plan para combatir la contaminación por ozono en la Comunidad, hasta “cuando se disponga de conclusiones consistentes sobre la sensibilidad a las reducciones de emisiones de los principales precursores del ozono troposférico para las principales fuentes (a priori tráfico y uso de disolventes)”.

Hay que recordar que los vigentes objetivos legales para la protección de la salud y de la vegetación establecidos por la normativa europea y española para el ozono entraron en vigor el 1 de enero de 2010, y desde entonces se incumplen sistemáticamente en las siete zonas de calidad del aire en que se divide la Comunidad de Madrid, incluida la capital.

Al día de hoy, cuando ni siquiera ha comenzado el verano, estación que por su elevada radiación solar es la que registra episodios más elevados y persistentes de ozono, 16 de los 41 medidores de este contaminante de que disponen el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ya han superado el valor objetivo para la protección de la salud en más de los 25 días permitidos en la actualidad, en el promedio anual del trienio 2022-2024, y otros 14 medidores han rebasado dicho valor objetivo en más de los 18 días permitidos para 2030.

Sin embargo, y pese a las reiteradas solicitudes desde hace años de Ecologistas en Acción, el Gobierno regional no ha elaborado hasta la fecha el preceptivo Plan de mejora de la calidad del aire para reducir los niveles de ozono en la Comunidad. La reciente Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030 constituye en este contexto la última oportunidad perdida para reconducir este grave problema ambiental.

Hay que recordar que el ozono ocasiona en España en torno a 2.500 muertes prematuras cada año, 400 de ellas en la Comunidad de Madrid, según la Agencia Europea de Medio Ambiente y un reciente estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona. El coste económico de la atención sanitaria y las bajas laborales asociadas a la contaminación por ozono alcanza en España 5.000 millones de euros cada año, según el Banco Mundial.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha pedido hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que condene a la Comunidad de Madrid a elaborar y aprobar un Plan de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico de ámbito regional en el plazo máximo de dos años desde la aprobación de la vigente Estrategia de Energía, Clima y Aire de la Comunidad de Madrid 2023-2030, es decir, antes del 29 de diciembre de 2025.

La organización ambiental soporta su petición en media docena de sentencias previas de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra y del Tribunal Supremo, que han condenado a sus respectivos gobiernos autonómicos a elaborar planes de reducción del ozono en plazos que oscilan entre 6 y 12 meses, con independencia de la inexistencia previa de un Plan Nacional de Ozono.

Y es que además de Madrid, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco vienen superando desde 2010 los objetivos legales establecidos para proteger la salud y la vegetación respecto a este contaminante, sumando una población afectada de 30 millones de personas sobre una superficie de 380.000 kilómetros cuadrados, sin que los gobiernos de estas doce comunidades hayan elaborado planes eficaces para corregir esta situación.

Los tres únicos planes de ozono aprobados hasta la fecha, en Castilla y León, Extremadura y Navarra, carecen de valor normativo y omiten el contenido mínimo legal, limitándose a un catálogo de medidas generales sin diagnóstico, objetivos cuantificados ni detalle territorial y técnico para cumplir su finalidad. Por lo que constituyen documentos vacuos cuya única pretensión es aparentar el cumplimiento de la norma.

Por su lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lleva demorando desde 2015 la elaboración del Plan Nacional de Ozono, anunciado la última vez por la Ministra Teresa Ribera en septiembre de 2020, tras la sentencia del Tribunal Supremo de dos meses antes. Transcurridos casi cuatro años, del comprometido Plan Nacional de Ozono hasta la fecha no se conocen más que las bases científicas.

El ozono troposférico, también conocido como ozono “malo” por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos emitidos por el transporte y algunas industrias, en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, reducción de la función pulmonar, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas (asma, EPOC) y el agravamiento de patologías cardiovasculares, con resultado de hospitalización o muerte. El ozono, además de para las personas, es tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.