Redacción •  Actualidad •  11/07/2017

Las ONG ecologistas reclaman participar en la comisión de expertos sobre transición energética del Gobierno

El Consejo de Ministros anunció que la comisión de expertos estará formada por catorce integrantes: cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Los ecologistas piden al Gobierno que también integre a algunos de sus expertos, así como a representantes de las asociaciones de consumidores.

Las ONG ecologistas reclaman participar en la comisión de expertos sobre transición energética del Gobierno

Las ONG ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen al Gobierno que se les incluya en la comisión de expertos sobre escenarios de transición energética cuya creación se acordó en el Consejo de Ministros del pasado viernes 7 de julio, que tendrá por objetivo aportar escenarios energéticos al debate de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como del Plan Integrado de Energía y Clima. 

Las organizaciones ecologistas entienden que es imprescindible reforzar el enfoque de sostenibilidad medioambiental de la comisión de expertos sobre escenarios de transición energética para garantizar que tanto las personas, como el planeta, están en el centro de las propuestas energéticas que ahí se estudien. De lo contrario, consideran, se perdería el tiempo en ejercicios que mantienen los intereses de las grandes empresas energéticas que han puesto en peligro los derechos constitucionales a la salud y a un medioambiente limpio de la ciudadanía.

El Consejo de Ministros anunció que la comisión de expertos estará formada por catorce integrantes: cuatro designados por el Gobierno, uno por cada grupo parlamentario y tres por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE). Los ecologistas piden al Gobierno que también integre a algunos de sus expertos, así como a representantes de las asociaciones de consumidores

Según las organizaciones ecologistas, el Gobierno no puede seguir ignorando la voz ni la experiencia de las entidades que defienden  la necesidad de incluir la sostenibilidad ambiental en el sistema energético y que demuestran, con estudios técnicos, que la transición hacia un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable en manos de las personas es viable técnicamente y beneficiosa económicamente. La urgencia de la lucha contra el cambio climático debe ser el primer marco de referencia, tanto para la planificación energética, como para la nueva ley. 

En el marco de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea, la participación de los grupos ecologistas tiene un largo recorrido y se le ha reconocido repetidamente su importante contribución para exigir la ambición necesaria en los esfuerzos contra el cambio climático. En este caso, no se puede olvidar que la transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente ha de ser lo suficientemente rápida para evitar los efectos más devastadores del cambio climático. 

Para alcanzar este nuevo modelo energético a la velocidad deseada, tendrán que sumarse y contribuir millones de personas que ahorren, consuman, generen e intercambien energía limpia. Por esto, es inconcebible que el Gobierno quiera dejar fuera de esta comisión toda la experiencia de las ONG ecologistas y las asociaciones de consumidores, lo que podría hacer pensar que para el Gobierno, la ciudadanía debería tener un papel en la transición energética de consumidores ciegos y pasivos. Cabe destacar que, incluso, la Unión Europea señala el papel vital de la participación de la sociedad civil en los planes integrados de clima y energía. Del mismo modo que el documento de gobernanza publicado en el paquete de invierno de energía de la Comisión Europea viene a reforzar esa participación. 

Sin embargo, los grupos ecologistas defienden que crear o gestionar energía es un derecho,  no un privilegio de unas pocas empresas cuyos intereses contrastan con los de la ciudadanía. El grupo de expertos tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.


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