El Gobierno Sánchez expresa su apoyo a Lenin Moreno, obviando la represión e imposición de un paquete de medidas austericidas

Las protestas en Ecuador se iniciaron el jueves 3 de octubre por el aumento de precio de la gasolina y la aplicación de otras medidas después de un acuerdo crediticio del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suscrito en marzo pasado. Tras el comienzo de las manifestaciones, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción para que las Fuerzas Armadas pudiesen intervenir, además de trasladar la sede del Gobierno nacional de Quito, la capital, a Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Hasta el momento hay, al menos, 824 detenidos por la ola de violencia en el país, según manifiesta la ONG Amnistía Internacional.

Entre las medidas económicas adoptadas por Gobierno ecuatoriano se encuentran decisiones como el fin del subsidio a los hidrocarburos, un recorte de los salarios en un 20% y la supresión de 15 días de vacaciones a los empleados públicos, o el inicio de la privatización de las pensiones y de una reforma laboral que precarizará las condiciones laborales. Tales medidas son calificadas desde Unidas Podemos como «un ataque frontal a las clases populares y profundizan en el modelo neoliberal impuesto por las instituciones financieras internacionales como el FMI». El pasado 9 de octubre, Pablo Iglesias definió la situación en el país centroamericano: «Ecuador vive un retroceso político sin precedentes. Las conquistas de la Revolución Ciudadana fueron desmontadas por el Gobierno de Lenin Moreno, produciendo miseria y exclusión. Condenamos el estado de excepción y la represión al pueblo ecuatoriano».

En un comunicado, Podemos rechaza la declaración del estado de excepción recordando que Lenin Moreno «ganó las elecciones por ser el aparente continuador del proyecto de la Revolución Ciudadana, al que ha traicionado desde el inicio de su mandato» y que ahora «pretende reprimir con impunidad las protestas que sus recientes reformas económicas están provocando en todo el país y que están poniendo en cuestión su legitimidad como Presidente de la República».

Por su parte, Izquierda Unida «condena la aplicación del estado de excepción en Ecuador y el ‘paquetazo neoliberal’ acordado por Lenin Moreno con el FMI«. En un comunicado, IU denuncia «con toda contundencia la deriva autoritaria y represiva del gobierno de Lenin Moreno que supone de hecho la criminalización de la protesta social, la militarización del país, la limitación del derecho democrático y ciudadano de reunión y manifestación, e incluso permite -si el gobierno lo estima conveniente- la censura previa de los medios de comunicación».

Al contrario, el Gobierno Sánchez ha hecho público un comunicado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores titulado «Apoyo a la institucionalidad democrática de Ecuador» en el que expresa «su máximo apoyo a los esfuerzos del Presidente Moreno y su Gobierno para preservar la estabilidad y el normal funcionamiento democrático de las instituciones de Ecuador, sobre la base del respeto de su Constitución y sus leyes» y «valora positivamente los esfuerzos del Presidente Moreno por alcanzar una salida a la crisis por medio del diálogo y la moderación en el marco fijado por el ordenamiento jurídico de Ecuador».

La represión del Gobierno de Lenin Moreno en Ecuador se traduce a día de hoy en siete fallecidos, cinco de ellos reconocidos por la Defensoría del Pueblo, uno de ellos un recién nacido, más de 500 heridos leves, 83 desaparecidos, de los cuales 47 son menores de edad. La Coordinadora Ecuatoriana de Contrainformación reporta que hay más de 800 detenidos, de los cuales la mayoría se encuentran en recintos policiales y militares. 57 periodistas han sido agredidos por la policía y 13 comunicadores sociales se encuentran encarcelados. Nueve medios de comunicación han sido intervenidos, 26 políticos han sido apresados y se reporta la detención arbitraria de 14 venezolanos que no participaron en las marchas. Otras fuentes, como la Organización de la Sociedad Civil Ecuatoriana, elevan a ocho los fallecidos y 1500 los detenidos.

Numerosos movimientos sociales de Ecuador protagonizados por pueblos indígenas se mantienen desde hace una semana en las calles y han ratificado que no abandonarán la protesta hasta que el Gobierno derogue el Decreto Ejecutivo 883. Cerca de veinte mil indígenas llegaron el pasado 8 de octubre a la capital, Quito, forzando la huída del presidente Moreno.

Y mientras continúa la represión de las manifestaciones, el presidente de Ecuador publica desde su cuenta de twitter spots publicitarios ajenos a la realidad bajo el lema «Ecuador país de paz».