Redacción •  Actualidad •  11/11/2021

El Congreso vota el nombramiento de los cuatro consejeros del Tribunal Constitucional y los seis del Tribunal de Cuentas

  • La dirección del grupo parlamentario socialista conocerá este jueves el voto de cada uno de sus diputados en el pleno del Congreso para elegir a cuatro candidatos al Tribunal Constitucional pese a ser una votación telemática y secreta, ya que habitualmente controla los votos a distancia para evitar fallos.
  • El PSOE denunció en agosto los 1.000 días que lleva el PP bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial -que se cumplieron a primeros de septiembre-, así como de otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, o el Tribunal de Cuentas.
  • El acuerdo desbloquea todos estos órganos a excepción del CGPJ, que seguirá secuestrado por el PP.
El Congreso vota el nombramiento de los cuatro consejeros del Tribunal Constitucional y los seis del Tribunal de Cuentas

El Pleno del Congreso de los Diputados elegirá este jueves a los candidatos pactados por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, que llevaba pendiente de renovación desde julio de 2017.

De entrada, todo apunta a que todos los aspirantes reunirán los al menos 210 votos que necesitan para superar este trámite parlamentario, porque el PSOE, Unidas Podemos y el PP ya suman 243 escaños -242 si para el jueves aún no se ha cubierto la vacante dejada por el ex diputado morado Alberto Rodríguez.

Justamente 242 votos fue el apoyo que recabaron todos los aspirantes al TC y al fiscalizador el pasado martes cuando obtuvieron el aval de la Comisión de Nombramientos. En esa votación ‘ponderada’ en función de la representación de cada partido en el Pleno, no recibieron apoyo de ningún otro grupo.

La votación para la elección de los miembros de estos órganos se realiza habitualmente mediante papeleta y urna y cada diputado escribe el nombre de los candidatos a los que respalda, por lo que no todos tienen por qué recabar el mismo apoyo.

El candidato indigno del PP para el Constitucional: Enrique Arnaldo

Para este jueves la Mesa del Congreso ha decidido que todas sus señorías voten telemáticamente para evitar aglomeraciones en el hemiciclo, pero el sistema será el mismo. Es decir, cada diputado deberá trasladar antes por escrito el nombre de los candidatos a los que quieren votar.

Está por ver, por tanto, cuántos votos obtiene cada aspirante. Desde el PP y el PSOE se da por hecho que el letrado de las Cortes Enrique Arnaldo, propuesto por los ‘populares’ para el TC, llegará a los 210 votos necesarios, pese a que ha sido cuestionado tanto por los socialistas como por Unidas Podemos por su demostrada parcialidad, porque fue imputado, y exonerado por corrupción, y además, se ha mostrado crítico con asuntos que pueden llegar al Constitucional.

Arnaldo incumplió la Ley de Universidades al trabajar como profesor en un centro público y uno privado simultáneamente: siguió cobrando de la privada Cardenal Cisneros a la vez que de la pública Rey Juan Carlos hasta el curso 2014-2015, a pesar de que esta práctica quedó prohibida en 2011.

Otra de sus irregularidades tiene que ver con el currículum que presentó en el Congreso de los Diputados, donde afirmaba que abandonó su empresa en mayo de 2017. Sin embargo, un documento que publicó la Cadena Ser refleja que su sociedad se presentó en 2019 a una adjudicación del Ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid, en manos del PP.

Para rematar su trayectoria, Arnaldo tuvo negocios con el testaferro confeso del expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana: en un convenio de colaboración que también publicó la Ser, se puede ver el nombre del abogado uruguayo Fernando Belhot.

Si le votaran sólo los diputados de los dos principales partidos obtendría 208, quedando a dos del mínimo necesario, que sí podría alcanzar con el apoyo de UPN y Foro Asturias, sin necesidad de contar con los ‘morados’, aunque sería una operación muy arriesgada por lo ajustado de los números.

Los aspirantes

Para el TC se presentan también las candidaturas de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, auspiciada por el PP, mientras que el PSOE ha impulsado las de Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.

Los aspirantes a integrar el Tribunal de Cuentas que votará el Congreso (el Senado tiene que elegir a otros seis) son las ya miembros del fiscalizador Enriqueta Chicano Jávega Dolores GeneroIsabel Fernández Torres, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid; Diego Íñiguez, magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo; José Manuel Otero Lastres, catedrático de Derecho Mercantil; y Miguel Ángel Torres Morato, fiscal jefe del Tribunal de Cuentas.

Todos ellos recibieron también el aval de PSOE, PP y Unidas Podemos en la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde Junts votó en contra. El PP y Vox optaron por no participar en las votaciones para avalar la idoneidad de los aspirantes al TC y el Tribunal de Cuentas por considerar que era una mero «teatrillo» en el que todo estaba decidido de antemano. Por tanto, se espera que tampoco participen en estas votaciones el jueves.

Gabilondo, con el no de VOX y Cs

Los naranjas y los de Santiago Abascal sí participaron en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Defensor del Pueblo y lo hicieron votando en contra de la candidatura del exministro socialista Ángel Gabilondo, que ahora ha de ser ratificada por el Pleno del Congreso y en un plazo máximo de 20 días por el del Senado.

Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la Comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos por aquél. En este caso PSOE y PP han acordado elegir a la ahora diputada ‘popular’ Teresa Jiménez Becerril, que tendrá que dejar su escaño, como primera adjunta y a Patricia Bárcena, que era directora del CEAR Euskadi, como segunda.

*Con información de Agencias.


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