Unidos Podemos formaliza la petición para crear una «comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras»

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha elaborado y registrado el contenido de una iniciativa parlamentaria para solicitar la creación de una “Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis financiera”.

La iniciativa requiere reglamentariamente la firma de un segundo grupo parlamentario o el aval de una quinta parte de los miembros de la Cámara, por lo que Unidos Podemos ha contado con el respaldo del Grupo Mixto para registrarla, único grupo con el que se han mantenido contactos para ello.

La petición para crear esta comisión de investigación la firman por parte de Unidos Podemos su portavoz adjunto y de la Comisión de Hacienda, Alberto Garzón, junto al también portavoz adjunto de este grupo Xavier Doménech y lo/as diputado/as Josep Vendrell, Alberto Montero y Yolanda Díaz. 

Esta iniciativa toma como base la que ya presentó Izquierda Unida-Izquierda Plural en la X Legislatura (2011-2015), concretamente en 2012, que no pudo prosperar al sufrir el veto propiciado por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso el Partido Popular.

El texto señala en su exposición de motivos que “la crisis sistémica y global que se desató a partir del año 2007 puso de relieve, entre otras muchas cosas, la necesidad de establecer una nueva lógica financiera al servicio de la economía productiva frente a la especulación generalizada, con mecanismos transparentes que permitan a la sociedad ejercer un mínimo control. Mecanismos que pasan, en particular, por la intervención pública en los mercados financieros. No hay otro sector, como el financiero, donde más justificada esté la intervención pública en forma de regulación, supervisión e intermediación directa”.

“Dados los escándalos que las investigaciones judiciales han sacado a la luz en la gestión de determinadas cajas de ahorro -señala la iniciativa-, se hace necesaria una actuación de los representantes de la ciudadanía. Existe la obligación de dar respuesta a la exigencia de la sociedad española, que debe saber si con el dinero de todos los ciudadanos se ha financiado, o podido financiar el fraude, el enriquecimiento injusto y la estafa de los gestores de las cajas de ahorro de   España. Es por esa razón que es necesaria la creación de una comisión de investigación que establezca las pertinentes responsabilidades y no permita que todas las irregularidades cometidas queden impunes”.

De la misma forma, se expone que “acabamos de conocer el Informe de Fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015, realizado por el Tribunal de Cuentas. Las actuaciones fiscalizadoras han recaído sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), entidad creada en 2009 para gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios; los tres Fondos de Garantía de Depósitos existentes a la creación del FROB y, desde octubre de 2011, al resultar disueltos, el nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), que realizaron actuaciones de garantía de los depósitos y de reforzamiento de la solvencia y del funcionamiento de dichas entidades; y el Banco de España, como institución supervisora del sistema bancario”.

Para Unidos Podemos, responsable técnico de la iniciativa, “el informe del Tribunal de Cuentas, además de cuestionar la actuación del FROB en el proceso de rescate bancario, cuantifica el importe de los recursos públicos comprometidos en la reestructuración como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, en 122.122 millones de euros. De esta cantidad, la mitad de los apoyos se han materializado en aportaciones al capital de las entidades de crédito y a cuotas participativas. Así, el importe de las aportaciones al capital de las entidades afectadas por la reestructuración ascendió a un total de 60.247 millones de euros, de los que 52.241 fueron aportados por el FROB y el resto, 8.006 millones, por el FGDEC”.

“En suma -se consta-, considerando la diferencia entre recursos comprometidos y coste de los mismos, y sin olvidar que el coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitivo en tanto no estén finalizadas todas las consecuencias de las ayudas públicas, según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, a 31 de diciembre de 2015, en 60.718 millones de euros”.

La iniciativa parlamentaria para crear esta comisión de investigación detalla también que “además, los escándalos que han afectado a gestores y propietarios de entidades financieras  ponen de manifiesto la existencia de una inmensa operación de captación ilícita de fondos de pequeños ahorradores particulares, mediante engaño, con el fin de retrasar lo que finalmente fue inevitable, la constatación de la pésima gestión que han llevado adelante y la falta de liquidez ocasionada por la misma. Una captación ilícita vehiculada a través de la venta de acciones de un banco en quiebra (Bankia) a pequeños ahorradores engañados, o mediante la venta masiva de participaciones preferentes a personas con limitados conocimientos financieros que, cuando comenzaron a sentir los estragos de la crisis en ellos mismos o en sus familiares e intentaron recuperar sus ahorros, descubrieron que los habían perdido”.

“Estas actividades, ahora denunciadas, han afectado directamente a cientos de miles de personas que han visto peligrar los ahorros de toda su vida, además de afectar a la economía de todo el Estado y  tener una importancia capital en la pérdida de credibilidad del sistema financiero español, por haber quedado de manifiesto su falta de transparencia y su escasa solidez, lo que a su vez ha provocado la pérdida de confianza de los circuitos económicos internacionales en la economía española”, señala a su vez el texto.

POR TODO ELLO SE PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

I.- Composición.

La Comisión de Investigación estará integrada por tres representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de cincuenta diputados en la Cámara y dos representantes de cada uno de los demás grupos parlamentarios.

II.- Adopción de acuerdos.

Los acuerdos se realizarán con criterio de voto ponderado, tal como recoge el artículo 52.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

III.- Objeto.

La Comisión tendrá por objeto investigar los fraudes, casos de corrupción y actuaciones contrarias a la ética pública cometidos en las entidades financieras, considerando los siguientes elementos:

·         Los posibles fraudes y abusos en el sector financiero y, en particular, sobre los consumidores y usuarios en el sector hipotecario.

·         El papel de los reguladores y supervisores financieros.

·         Los problemas de fluidez del crédito.

·         Las prácticas contables y la valoración de activos.

·         El tratamiento fiscal de los productos financieros.

·         El papel de las agencias de calificación en el sistema financiero.

·         Las prácticas de titulización financiera.

·         Los cambios en la estructura salarial de los empleados de las entidades financieras.

·         La estructura legal y regulatoria en el mercado inmobiliario.

·         El papel de los productos financieros de riesgo.

·         La política de remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y altos cargos de las entidades financieras.

·         El uso de tarjetas de crédito opacas.

IV.- Trabajo a realizar.

Para realizar el trabajo de la Comisión se realizarán todo tipo de actividades que se concretarán en un plan de trabajo a propuesta de los grupos parlamentarios con la documentación a solicitar al Gobierno, al resto de administraciones y organismos públicos implicados, a organismos internacionales, a entidades auditoras y calificadoras, y a asociaciones u organizaciones de afectados, y con la realización de las comparecencias necesarias.

V.- Duración.

El plazo para la realización de los trabajos de la Comisión de Investigación será de tres meses, desde su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por meses por acuerdo del Pleno de la Cámara.

VI.- Conclusiones de la Comisión.

Las conclusiones de la Comisión serán aprobadas por el Pleno de la Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicadas al Gobierno y, en su caso y si procede, trasladadas por la Mesa del Congreso al Ministerio Fiscal.