El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tumba los proyectos de minería de tierras raras en Ciudad Real
- La sentencia asienta jurisprudencia sobre los impactos de la minería en espacios protegidos.
- Es un ejemplo de la lucha conjunta de ecologistas, propietarios rurales, agricultores, ganaderas y académicos frente a la nueva onda de minería especulativa.
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Acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha puesto fin a las pretensiones de Quantum Minería S.L. de llevar a cabo un mega-proyecto de minería de tierras raras en Campo de Montiel (Ciudad Real). Este proyecto, intencionalmente dividido en varias fases para evitar la evaluación ambiental estratégica, habría afectado a 17.330 hectáreas de terrenos con alto valor agrícola y natural, incluyendo las polémicas concesiones “Matamulas” y “Rematamulas”.
Los impactos previstos movilizaron a amplios sectores sociales, incluyendo no sólo a organizaciones ambientales como Ecologistas en Acción sino también al sector agropecuario y a otras entidades rurales. Así, cinco sociedades agro-ganaderas se presentaron como codemandadas para defender la Declaración de Impacto Ambiental negativa dictada por la Junta de Castilla-La Mancha en octubre de 2017.
La sentencia es especialmente importante al evidenciar que las actividades mineras no sólo provocan impactos ambientales insalvables cuando se pretenden implantar en espacios naturales protegidos, sino también cuando se sitúan en zonas próximas, como era el caso de este proyecto que hubiera afectado a la ZEPA “Áreas Esteparias del Campo de Montiel”. Valora especialmente el importante papel de la Red Natura 2000, con la visión de un territorio conectado a una realidad natural más amplia y no como espacios aislados en sus límites administrativos. La sentencia supone un claro precedente para favorecer los fines de esta gran red territorial de conservación de la naturaleza.
En el proceso, ha tenido especial relevancia el informe proporcionado por la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), que alertaba de los impactos del proyecto minero sobre el águila imperial, el águila azor-perdicera y el lince ibérico, ya que habría destruido parte de sus hábitats y fragmentado una superficie mucho más amplia. Este informe señalaba, además, la desaparición de uno de los últimos núcleos relevantes de aves esteparias en la comarca, con importantes poblaciones de sisón común, ganga ibérica, ganga ortega y aguilucho ceniza, especies con un acusado declive poblacional.
En el caso del águila imperial ibérica, hubieran sido afectados directamente al menos dos territorios, con nidos dentro del perímetro de la explotación minera, y un importante número de parejas cercanas que utilizan la zona como área de campeo. Para el lince ibérico, la sentencia reconoce que afectaría al menos a tres ejemplares ya instalados en el perímetro afectado por el proyecto. La Sentencia también alude especialmente al conejo de monte, especie recientemente declarada como amenazada por la UICN; valoró la prueba pericial de la FIRE que enfatizaba la grave afección que tendría el movimiento de tierras y la eliminación del suelo para esta especie, clave en la conservación de los depredadores antes mencionados. La empresa minera intentó minimizar los impactos reales que causaría el proyecto recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental negativa y la consiguiente Resolución de la Dirección General de la Consejería de Industria y Energía, por la que se denegaba la autorización de estos proyectos.
Para Ecologistas en Acción esta sentencia supone un claro ejemplo de los frutos de la lucha común de ecologistas, propietarios rurales y personas que viven de la agricultura y la ganadería a la hora de defender el territorio y la economía rural sostenible frente a los intereses espurios de mineras transnacionales como Quantum. Esta empresa minera había sido puesta en el foco del informe ‘Minería especulativa en España’ por sus vinculaciones con Star Petroleum, implicada en supuesto tráfico de influencias en Sudán del Sur y controlada por el empresario hispano-iraní Massoud Zandi.