Salvemos Mojácar, promotora de la paralización del hotel Algarrobico, desconfía del anuncio del Gobierno y denuncia los «mil Algarrobicos» existentes y por venir

La Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que fue la entidad promotora de la paralización del hotel del Algarrobico en los tribunales el 23 de febrero de 2006, una lucha que inició en total soledad hace casi 20 años, habiendo liderado la mayoría de procesos judiciales contra el hotel hasta la fecha, desconfía del anuncio del gobierno sobre la expropiación e inmediata demolición del hotel.

La asociación afirma que, si Azata o el Ayuntamiento recurren, el proceso podría demorarse muchos años. Para evitarlo se debería proponer un perito tasador que sea aceptado por las partes, u otras medidas. No vemos que se estén tomando medidas creíbles a tal efecto y para impedir un bloqueo en los tribunales.

Salvemos Mojácar recuerda que, ya en 2009, el gobierno de Zapatero, con la ministra Elena Espinosa, archivó el expediente de expropiación iniciado por la ministra Cristina Narbona en 2007.

Además solo pueden demoler una parte menor, a mayor dependería de la Junta de Andalucía, con la que no se ha hecho acuerdo alguno y que se opone al procedimiento.

Todo apunta pues a un farol y estrategia electoral de cara a las elecciones andaluzas.

La asociación estará vigilante y denunciará cualquier atisbo de actuación negligente por parte del ejecutivo, y afirma que no está dispuesta a lavados de imagen por parte del ejecutivo con anuncios en falso.

Salvemos Mojácar también denuncia las actuaciones inaceptables de la Junta de Andalucía y, por supuesto, del Ayuntamiento de Carboneras, que llevan 20 años luchando por que el hotel salga adelante, así como de varios jueces que emitieron sentencias contra el hotel y ahora trabajan a sueldo del ayuntamiento o en connivencia con este.

Por otro lado la asociación recuerda que hay miles de Algarrobicos sin denunciar en la costa española, lo excepcional de este caso no es que esté tardando sino que se haya logrado parar, debido a la lucha solitaria de esta asociación desde 2005. Se demora el caso por la corrupción sistémica de la administración, de todos los partidos con representación, y su connivencia con jueces y empresas, que muestra la continuidad del franquismo como iniciador del desarrollismo inmobiliario.  

Aún más grave es que desde las distintas administraciones se esta intentando resucitar la burbuja inmobiliaria, una de las actividades más destructivas tanto a nivel social, por la especulación con la vivienda, como para el Cambio Climático y la biodiversidad, siendo la urbanización una de las actividades más destructivas, así como el turismo. 

Desde la asociación se exige una moratoria total a la construcción y al turismo, un freno total a la especulación, y un plan de habilitación de los millones de viviendas vacías en manos de fondos de inversión internacionales para vivienda social.