IU Madrid reclama al gobierno autonómico que mantenga los contratos públicos a pesar de la crisis del Covid-19
La federación de Izquierda Unida en Madrid considera que las medidas adoptadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso encaminadas a suspender contratos administrativos aprovechando las medidas adoptadas para frenar el brote de Covid-19 ponen en riesgo cientos de puestos de empleo de forma innecesaria puede conducir a una contracción de la economía.
Izquierda Unida Madrid ha denunciado la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de suspender contratos administrativos aprovechando el cese de actividad temporal relacionado con las medidas de contención del brote de Covid-19.
En una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de marzo, la Consejería de Educación ha establecido la suspensión de los contratos destinados a cumplir los servicios de comedores escolares, atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, traducción e interpretación de idiomas, así como la totalidad de la gestión del servicio de las escuelas infantiles de titularidad de la Comunidad de Madrid.
Para IU Madrid, la medida pone en peligro de forma innecesaria multitud de puestos de empleo, al conducir a las empresas concesionarias desprovistas de los contratos a poner en marcha expedientes de regulación de empleo temporal, ERTEs. Una política que puede incentivar y condicionar la contracción de la actividad económica en la Comunidad de Madrid, agravando los daños producidos por la emergencia sanitaria.
Desde Izquierda Unida han reclamado la inmediata suspensión de la orden y de medidas similares destinadas a recortar el gasto aprovechando las medidas de contención de la enfermedad, y exigido que se mantengan los contratos durante el periodo de suspensión.
Aumento de los ERTEs por el Covid-19
Para la federación madrileña de IU, así mismo, el aumento de los ERTEs aprovechando las medidas para contener el brote del Covid-19 es uno de los factores que más perjuicios puede ocasionar a la economía, aumentando los niveles de desempleo.
Sin salir del ámbito educativo madrileño, Izquierda Unida también ha denunciado el expediente de regulación efectuado por la concesionaria de limpieza de centros escolares CLECE, perteneciente al grupo ACS, anunciado el mismo día que se hacía público la suspensión de la actividad académica, a pesar de que no se anunciaba la clausura de los centros educativos, requiriendo por tanto de igual manera los servicios de limpieza. Para IU Madrid, supone una demostración del uso interesado de las medidas de contención del Covid-19 de cara a ahorrar costes.
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