Congreso: hacia una necesaria ley integral del amianto

El Pleno del Congreso de los Diputados volverá a votar en la jornada de mañana la propuesta de ley aprobada en mayo de 2019 por unanimidad en la Cámara vasca para la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto y sus familias. No será esta la primera ocasión en la que los representantes electos del Parlamento debaten sobre la aprobación de un mecanismo de resarcimiento a los afectados y afectadas por el asbesto. Anteriormente, en 2016 y 2019, iniciativas similares fueron sometidas a trámite parlamentario, siendo rechazada la iniciativa en la primera ocasión por la negativa del ejecutivo encabezado en aquel momento por Mariano Rajoy y, posteriormente, por la disolución anticipada de las Cortes.

De aprobarse la creación del fondo de compensación, España se situaría en la estela de otros estados de la Unión Europea como por ejemplo Francia, donde hace años que existe un mecanismo público de compensación económica por las patologías y defunciones relacionadas con la inhalación de fibras de amianto. En sentido contrario, y hasta la fecha, el Estado español se sitúa a la cola de la UE en lo que respecta al reconocimiento por parte de la administración de enfermedades vinculadas al amianto por exposición laboral, doméstica o ambiental. Así, por ejemplo, el Catedrático de la Universidad de Granada Alfredo Menéndez estima que sólo el 9% de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco-pulmonar derivado del amianto, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44%. La situación es aún más acusada entre las mujeres, con tan solo un 0,9% de fallecidas por mesotelioma y un 0,05% de fallecidas por cáncer bronco-pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto reconocidas.

José Luís Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Cataluña (AVAAC), enfatiza la “urgencia y necesidad” de que el Congreso de luz verde a la creación del fondo de compensación, pero recuerda que los beneficios de sistema indemnizatorio “serán mínimos si el Estado sigue mirando hacia otro lado en lo que se refiere a la existencia misma de los afectados y afectadas por el amianto”. Una opinión que comparten los integrantes del equipo jurídico de Colectivo Ronda que a lo largo de los años han realizado más de 600 procedimientos judiciales en representación de personas afectadas por el asbesto o sus familiares, la mayoría contra Uralita S.A, principal importador de amianto en España y fabricante de productos derivados del fibrocemento, actualmente en situación de concurso voluntario de acreedores. “El infradiagnóstico y la falta de reconocimiento administrativo es la mayor problemática a la que se enfrentan las víctimas a la hora de acceder y poder ejercer sus derechos -manifiestan desde la cooperativa- Será muy positivo que se creen mecanismos ágiles y eficientes de compensación, pero totalmente insuficiente si las personas afectadas se ven obligadas, como ahora sucede, a someterse a largos

procedimientos judiciales para que se les reconozca que sus enfermedades derivan de la exposición al amianto y que tiene derecho a ser compensadas por la falta de diligencia de muchas empresas a la hora de proteger su salud y prevenir un riesgo que era perfectamente conocido. Una falta de diligencia que el relato judicial se ha encargado de demostrar que en el caso de la mayoría de empresas implicadas era puro y simple menosprecio de la salud y la vida de sus trabajadores y familias”.

AVAAC remarca la necesidad de aprovechar el debate parlamentario sobre las víctimas del amianto y cómo compensar los perjuicios causados por el asbesto retomando las peticiones trasladadas al propio Congreso en junio del pasado año a través del “Manifiesto por una ley integral del amianto” redactado y suscrito por entidades y organizaciones de todo el Estado implicadas en la lucha en defensa de los derechos de las víctimas.

“El debate ha de ser obligatoriamente más amplio”, afirman desde AVAAC. “Debemos pensar de una vez por todas qué hacemos con esas miles y miles de toneladas de amianto instalado en productos y elementos arquitectónicos que hace mucho que han finalizado su vida útil y actualmente constituyen una amenaza seria y muy real para la salud pública. Y cómo abordamos la problemática del desamiantado de centros escolares y la existencia de vertederos ilegales como el de Santa María de Benquerencia (Toledo) con un vertido de

90.000 toneladas de amianto. Es necesario aumentar los servicios de diagnóstico precoz y vigilancia de la salud de las personas que han estado expuestas y plantearnos qué hacer en localidades como Cerdanyola, en Barcelona, donde el Tribunal Supremo ha responsabilizado a Uralita de las defunciones de vecinos y vecinas sin vínculo laboral con la empresa. No es solo cómo compensar a las víctimas, sino pensar seriamente en evitar que haya nuevas víctimas”. En este sentido, AVAAC recuerda que hasta ahora se han rechazado otras iniciativas destinadas a reconocer a los trabajadores y trabajadoras expuestos al amianto como, por ejemplo, el “derecho a acceder de forma anticipada a la jubilación sin sufrir perjuicio económico”. Una posibilidad que la legislación contempla para aquellos colectivos laborales que han desarrollado sus labores en condiciones de especial riesgo o insalubridad y que, tal y como recuerdan desde AVAAC, “se aplica por ejemplo a mineros y bomberos, entre otros, pero se nos niega a quienes tenemos acreditado que estamos en riesgo de desarrollar en cualquier momento una patología mortal por haber estado expuestos al amianto sin medidas adecuadas de prevención o incluso, sin ningún tipo de medidas”.

En Colectivo Ronda consideran que “es necesario abordar de un modo integral y ambicioso el conjunto de problemas que representa la presencia constante de amianto en nuestro entorno”. Es por ello que la cooperativa consideraría “de imposible justificación que mañana el Congreso no aprobara la creación de un fondo de compensación, especialmente teniendo en cuenta que empresas como Uralita, responsable de tantas enfermedades y muertes, pretenden declararse insolventes para rehuir su obligación de abonar las indemnizaciones impuestas por los tribunales, que han sido los únicos que hasta ahora han sido efectivos en defensa de los derechos de las personas afectadas por el amianto”.

“Existe una responsabilidad del Estado en la situación que vivimos en España con el amianto -concluye AVAAC- y aunque tarde y sólo de forma parcial, ese mismo Estado tiene la posibilidad de empezar a corregir desde mañana mismo los errores del pasado”.