Se amplía la queja contra el Estado español por omitir planes de reducción del ozono

Ecologistas en Acción presentó ayer ante la Comisión Europea una petición de apertura de expediente sancionador al Estado español por no elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire en el medio centenar de zonas donde entre 2010 y 2016 se han incumplido los valores objetivo legales para la protección de la salud y de la vegetación establecidos por la normativa europea para el ozono troposférico.

De admitirse finalmente la denuncia sería el tercer expediente comunitario contra España en materia de contaminación atmosférica, tras los abiertos en 2009 y 2015 en relación a las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno (NO₂), que siguen a la espera de pasar al Tribunal Europeo de Justicia.

El escrito registrado da contestación a la carta de la Comisión Europea del pasado 16 de junio en la que la Dirección General de Medio Ambiente proponía el archivo de la denuncia presentada hace un año por Ecologistas en Acción, alegando que «el cumplimiento de los valores objetivo para el ozono resulta complejo» por su carácter de contaminante secundario formado por reacciones químicas de otros contaminantes. 

Al mismo tiempo, «la Comisión espera que el procedimiento en curso relativo a la superación de los valores límite de NO₂ en varias zonas de calidad del aire en el Reino de España [Barcelona, Madrid y Valencia, entre otras] conduzca a largo plazo a una reducción de las concentraciones de NO₂, lo que, a su vez, tendrá un efecto sobre las concentraciones de ozono, puesto que el NO₂ es uno de sus precursores».

Ecologistas en Acción considera impresentable esta dejación de funciones de la Comisión Europea en el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa europea de calidad del aire, que está perjudicando la salud de decenas de millones de europeos del sur, entre ellos las 18 millones de personas en el Estado español que habitan en las 40 zonas que en 2016 superaron el objetivo legal para la protección de la salud, repartidos entre las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco.

En 62 zonas de las mismas comunidades se ha incumplido también la obligación de adoptar dichos planes de calidad del aire en relación a la superación en el mismo periodo del objetivo legal para la protección de la vegetación, que afectan a una superficie total de 340.000 kilómetros cuadrados, el 67 por ciento del territorio.

Según establece la Directiva europea de Calidad del Aire, los Estados miembros deberán elaborar planes de calidad del aire en las zonas y aglomeraciones donde los niveles de ozono en el aire ambiente superen cualquier valor objetivo, con el fin de conseguir respetar el valor objetivo correspondiente.

La ley estatal de calidad del aire atribuye la competencia para elaborar dichos planes a las comunidades autónomas. Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como discrecional, al margen de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.

Por ello, Ecologistas en Acción se ha vuelto a dirigir en los últimos meses a las comunidades autónomas infractoras, solicitando que adopten de manera urgente los planes de mejora de la calidad del aire legalmente previstos para las zonas afectadas por el incumplimiento de los objetivos legales de ozono. Entre la docena de solicitudes realizadas, solo se ha recibido la respuesta de los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra, que al igual que la Comisión Europea justifican su inactividad por la complejidad del problema y remiten a un inexistente Plan Nacional a elaborar por el Gobierno central.

Se define el valor objetivo como el «nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza». El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire (μg/m³), que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de tres años.

Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se han superado los valores objetivo de ozono son un tercio de las 450 que miden este contaminante en España.

A través de ellas, sabemos que la contaminación ha afectado a la totalidad de las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid, las más perjudicadas como consecuencia de las emisiones del tráfico rodado del área metropolitana de Madrid, que además de dañar la salud de los seis millones y medio de madrileños, afecta de manera grave a dos millones de habitantes de Castilla-La Mancha y el norte de Extremadura.

Al margen del problema creado por el tráfico urbano de Madrid, el otro gran foco de contaminación por ozono en España se encuentra en el litoral mediterráneo. Desde Girona hasta Almería, pasando por Barcelona, la Comunidad Valenciana, Murcia y las Islas Baleares, la contaminación afecta a cerca de cuatro millones de personas, especialmente en las áreas de interior. La ocasiona el tránsito urbano e interurbano, el transporte marítimo y aéreo en las grandes capitales y algunas industrias como las centrales térmicas e incineradoras. 
Las restantes áreas afectadas por los elevados niveles de ozono se reparten entre el interior de Andalucía y sur de Extremadura (incluyendo las áreas urbanas de Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla y Mérida), la aglomeración de Valladolid y el Valle del Ebro, desde Tarragona hasta la Ribera navarra y vasca, donde habitan en conjunto otros seis millones de personas.

Ante este panorama, los hoy por hoy inexistentes planes de mejora de la calidad del aire deberían pasar por la reducción del intenso tráfico urbano e interurbano que soportan las principales ciudades del Estado, manteniendo un modelo de ciudad compacta y promoviendo el uso de medios de transporte limpios como el tren, el autobús, la bicicleta o la marcha a pie. Por otro lado, debería procederse al cierre progresivo de las grandes centrales térmicas de carbón, sustituidas por energías renovables. Todo ello sin perjuicio de la necesaria coordinación entre comunidades autónomas con el Gobierno Central y con la Unión Europea.

El ozono troposférico, también conocido como ozono «malo» por contraposición al de la estratosfera, es un contaminante secundario producido por la reacción entre la luz solar y el dióxido de nitrógeno y los hidrocarburos volátiles emitidos por los automóviles y algunas industrias. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

La OMS estima los fallecimientos prematuros anuales producidos por la exposición a niveles de ozono como los registrados actualmente en 1.800 en España y 17.000 en Europa. El ozono, además de para las personas, es también tóxico para la vegetación, dañando los bosques y reduciendo la productividad de los cultivos.