La Federación Plataforma Trans pide la ilegalización de VOX
La Plataforma Trans, pide la ilegalización de VOX, ante las reiteradas peticiones que pueden suponer un delito de odio por fomentar una causa general contra un colectivo de personas y entidades por razón de orientación e identidad sexual, protegida por la Constitución, tratados internacionales adoptados por el estado español, así como por las legislaciones autonómicas vigentes.
El 24 de febrero, vox pidió a la Junta de Andalucía los nombres de los trabajadores contra la violencia de género, el 1 de julio, al Gobierno valenciano, le pide los nombres de los activistas LGTB que dan charlas en los institutos y ayer presentaron una petición a la Asamblea de Madrid, pidiendo información sobre los ponentes que imparten charlas en los centros educativos.
La Plataforma Trans, al amparo de la ley de partidos de 2002, solicita a la Fiscalía General de Estado y a los Servicios Jurídicos del Estado, Instancias legitimadas para pedir la ilegalización de un partido político según el artículo 11, de la citada ley, inicien los trámites para la ilegalización de vox. El texto legal prohíbe que un partido político pueda de forma grave y reiterada atentar contra el régimen democrático de libertades o alimentar el discurso de odio, concretamente el artículo 9, persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos y a los derechos humanos.
“Las reiteradas peticiones de listas de activistas LGTBI, de trabajadores contra la violencia de género, de colectivos feministas, sus mensajes claramente LGTBifóbicos, así como el anuncio de querer derogar leyes de reconocimiento de derechos y protección de las personas LGTBI y la Ley de Violencia de Género, son motivos más que suficientes para que se inicie el procedimiento de ilegalización”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans.
“Un partido que atenta contra la esencia de la propia Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, así como contra las leyes vigentes y aprobadas con amplios consensos, no debe tener impunidad para ejercer como actividad política la merma, el chantaje y el menoscabo de derechos, las instituciones han de ser el garante del cumplimiento del ordenamiento jurídico de un estado de derecho, plural, democrático y respetuoso con la diversidad sexual y de género”, concluye Cambrollé.
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