Verdes EQUO pide al Gobierno que aclare cómo es que hay dinero para ampliar aeropuertos y no lo hay para garantizar los servicios de cercanías

Andalucía, 12 de Agosto de 2021. El partido ecologista Verdes EQUO Andalucía ha reclamado al Gobierno de la nación que explique cómo es posible que se autorice la inversión de miles de millones en la ampliación de aeropuertos y en cambio no existan fondos para poder mantener unos servicios de calidad en los trenes de cercanías de Málaga. “Se vuelve a dejar al descubierto la falsedad de la apuesta por la movilidad sostenible del Gobierno de la nación que repite errores del pasado y permite en la práctica, tal y como han denunciado los sindicatos del sector, el desmantelamiento progresivo de las líneas de cercanías”, han declarado desde el partido verde.

“Es lamentable, afirma la coportavoz de Verdes EQUO Andalucía, la malagueña Mar González, que en la época con más afluencia de personas se eliminen servicios en lo que es la única alternativa real al vehículo privado por la costa malagueña. La línea 1 de cercanías de Málaga, continúa González, ha sufrido hasta 2500 supresiones de servicios desde el inicio de 2021, en una línea que une Málaga con Fuengirola”.

Para Manuel Pérez, coportavoz del partido verde andaluz, “justo cuando se da a conocer el nuevo informe del IPCC sobre el cambio climático en el que se concluye que estamos ante las últimas oportunidades de revertir con ciertas garantías la emergencia climática, y cuando al Gobierno de la nación más se le llena la boca de autoasignarse un compromiso decidido con el medio ambiente, vemos que es la aviación, un sector altamente contaminante, quien se lleva las inversiones en transporte y se abandonan servicios mucho más sostenibles como son los cercanías y la líneas de ferrocarril convencional, cuya supresión y desmantelamiento vemos desde hace años especialmente en Andalucía oriental”.

De “especialmente grave” han calificado los ecologistas andaluces el hecho de que desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga se prohibiera la movilización convocada por los sindicatos para denunciar la situación y que finalmente haya tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quien dé la razón a los sindicatos y autorice esa convocatoria. “Nos parece una línea que el Ejecutivo no debería nunca cruzar, afirma Mar González, y es que la movilización sindical en defensa de los servicios públicos es una garantía de los mismos y no debería ser necesario recabar el apoyo de los tribunales para poder llevarlas a cabo”.