Cartel de pañales para adultos: 14 comunidades autónomas reclamarán 1.750 millones por el fraude

Un total de catorce comunidades autónomas tienen previsto exigir en tribunales al menos 1.750 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos que crearon un cartel durante diecisiete años para manipular el mercado y aumentar sus precios de forma ilegal.

Esta decisión se produce ocho años después de destaparse el fraude, una vez el Tribunal Supremo ha confirmado las últimas multas a las compañías por valor de 60 millones que impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según ha publicado El País, Cataluña fue la primera de las autonomías al reclamar hace año y medio 526 millones, y ahora Andalucía ha anunciado que su demanda será superior a los 600 millones. Galicia exigirá en torno a los 350 millones, País Vasco más de 100, Madrid 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias otros 18 millones de euros. Además, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Navarra han confirmado que también presentarán demandas, pero aún están valorando las cuantías. Sólo Cantabria ha anunciado que no emprenderá acciones, mientras que Canarias y La Rioja han decidido no pronunciarse.

Por su parte, el Ministerio de Salud aún no ha avanzado si presentará su propia demanda contra las compañías que formaron el cartel, y sólo han confirmado que están “estudiando el asunto“.

Multas de la CNMC

La CNMC impuso en 2016 un total de 128,8 millones de euros de multa a siete empresas de pañales para adultos y a la Federación Española de Fabricantes (Fenin) al quedar acreditado que habían conformado un cartel entre 1996 y 2013 para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas de este producto, que se comercializa a través de farmacias.

Los siete fabricantes fueron Arbora & Ausonia, SLU (sucedida por Procter & Gamble España, SA), Laboratorios Indas, SAU, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, SA, Ontex ID, SAU; Barna Import Médica; Textil Planas Oliveras, SA y Algodones del Bages, SAU, a los que la CNMC impuso multas de diferentes cuantías. Desde entonces, los tribunales han ido revisando y confirmando muchas de ellas en diferentes sentencias.

 Las empresas sancionadas fijaron los precios y llevaron a cabo acuerdos mediante la negociación y concertación con el resto de agentes de la cadena de distribución (Colegios Oficiales de Farmacéuticos y asociaciones de mayoristas distribuidores de productos farmacéuticos y sanitarios).

 Por otra parte, los fabricantes habrían utilizado una estrategia de interposición de recursos administrativos y/o contencioso-administrativos frente a las licitaciones públicas convocadas por las Autoridades Sanitarias de distintas comunidades autónomas para adquirir y entregar directamente el producto a pacientes no hospitalizados (residencias de ancianos, centros de atención primaria). Con ello, perseguían mantener los ingresos competitivos que les genera su comercialización a través del canal farmacia.

 Según señalaba Competencia, el alcance de la conducta sancionada era especialmente significativo, ya que la cuota de mercado conjunta de las entidades infractoras en el mercado relevante era del 95%. La incontinencia urinaria grave es por su gravedad, frecuencia y repercusión un problema que afecta a cerca de 2,5 millones de personas y tiene importantes consecuencias para la salud y la calidad de vida de personas de edad avanzada y con discapacidad.