El anarcosindicalismo manifiesta su solidaridad con los condenados por el ‘No Caso 14N’

La sala Número Uno del Juzgado de lo Penal de Logroño dictaminó la semana pasada sentencias de 4 años y nueve meses de prisión para Pablo Alberdi por un delito de “desórdenes públicos” y otro de “atentado contra la autoridad”. En la misma sentencia impuso a Jorge Merino una condena de un año de prisión por “desórdenes públicos”.

“La noticia ha caído en CNT como un jarro de agua fría, no tanto desde el lado judicial –hay posibilidades de recurso, y no dudéis de que esta malhadada sentencia se recurrirá–, sino desde el moral”, indica la CNT, central sindical a la que pertenecían los dos encausados. “Nuestra desconfianza hacia lo que se viene a conocer como Justicia se ha visto confirmada”, añaden.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado su total rechazo a las condenas y ha señalado en un comunicado que en todo este “circo” político-judicial que se ha levantado alrededor de este “no caso” solo existe una clara intención de perseguir la disidencia de la población y, sobre todo, la represión de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores por sus derechos y libertades.

CGT recuerda que la jornada de Huelga General europea de aquel 14 de noviembre de 2012 tuvo lugar en un marco de gran descontento social por las consecuencias de la crisis-estafa que se había iniciado pocos años antes. En el Estado español, el gobierno de Mariano Rajoy inició una serie de recortes en los servicios públicos, la reducción de los salarios y el incremento del IVA además de imponer otra Reforma Laboral. Todas estas políticas encaminadas a reducir el déficit público y ordenadas desde Bruselas solo incidieron en las clases populares y no en quienes habían estado y continuaban expoliando los recursos de la población, como banqueros y políticos.

En este sentido, la CGT ha subrayado que el descontento de la población por el retroceso de derechos fundamentales justificó sobradamente la jornada de lucha aquel miércoles en la que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se emplearon a fondo contra manifestantes en muchas ciudades del Estado español. Cientos de personas resultaron detenidas y muchas otras heridas -como Ester Quintana que perdió un ojo tras una carga policial de los Mossos en Barcelona-, acreditan la dureza con la que los agentes antidisturbios actuaron a las órdenes del gobierno.

La defensa legal de los dos sindicalistas ya ha anunciado que recurrirán las sentencias, según manifestaba tras la resolución del tribunal riojano.