Los sindicatos denuncian la nueva legislación laboral sobre exposición a sustancias cancerígenas

El gobierno en funciones de Pedro Sánchez presentó el pasado martes un Real Decreto que desarrolla la Directiva 2017/2398 sobre agentes cancerígenos y mutágenos. Su desarrollo, en principio, estaba destinado a mejorar la seguridad en el trabajo y reducir, controlas y sancionar la exposición a 14 sustancias cancerígenas. Sin embargo, su contenido ha despertado críticas en los sindicatos, que denuncian un aumento injustificado de los niveles de exposición a tres sustancias cancerígenas.

Según apuntan desde Comisiones Obreras y UGT, el proyecto del gobierno duplica los límites de exposición a la sílice cristalina, un residuo abundante en centros de trabajo como fábricas de ladrillo o cerámica, y al bromoetileno, presente en carburantes. Así mismo, triplica los valores de exposición a la acrilamida, una sustancia generada en procesos de producción alimenticia a altas temperaturas.

«Durante todo el proceso de tramitación del Real Decreto, las organizaciones sindicales hemos solicitado que la trasposición respetara los valores límites vigentes en España en aquellos casos en los que eran inferiores a los propuestos por la Directiva, al objeto de mantener el nivel de protección de los trabajadores expuestos de los últimos años», afirman desde CCOO.

«El valor límite del polvo respirable de sílice, que pasa a ser clasificada como cancerígena con esta Directiva, fue aprobado en 2013 y se dio un periodo de dos años, hasta 2015, para su entrada en vigor con el fin de que las empresas pudieran adaptar sus equipos y organización de trabajo al nuevo límite. Tanto la acrilamida como el bromoetileno ya aparecían clasificados como cancerígenos o mutágenos y con los valores límites actuales en el documento de Límites de Exposición Profesional del año 2000. La propuesta supone un retroceso de al menos 2 décadas en el nivel de protección frente a estas dos sustancias», señalan en un comunicado.

Tanto CCOO como UGT han exigido la revisión de estos valores antes de la aprobación del Real Decreto en el Consejo de Ministros. «A nuestro juicio, no se puede anteponer la competitividad y los beneficios empresariales frente a la salud de la población trabajadora, máxime cuando las empresas españolas ya deberían haberse adaptado a los niveles de protección establecidos legalmente desde hace años o incluso décadas en nuestro país», apuntan.