El Gobierno no ve irregularidades en la actuación de empresas como Cabify en Madrid-Barajas pese a advertirle Garzón de que pueden “captar clientes y ofrecer servicios” ajenos a sus contratos

El Gobierno no ve ninguna irregularidad en los servicios que la compañía de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), Cabify, presta en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Esa es al menos la respuesta que ofrece por escrito al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Éste se interesó por esta grave cuestión a través de una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso hace ahora tres meses, en la que denunció que “esta compañía disfruta de espacios en los que atender a los clientes que previamente han contratado sus servicios. Sin embargo, desde los puntos de comercialización ubicados en la zona de recogida de equipajes con los que cuenta se captan clientes y se, ofrecen servicios”.

Garzón se hacía eco también en su iniciativa parlamentaria fechada el 12 de septiembre que “asociaciones de taxistas denuncian que esta captación directa se realiza también en la calle mediante el uso de ‘tablets’, desviando clientes tanto desde dentro del aeropuerto como desde fuera”.

Para el Ejecutivo del PP nada de esto ocurre. En su respuesta parlamentaria se limita a señalar que ‘AENA SME S.A. realiza el seguimiento y control de la actividad realizada por las empresas adjudicatarias del servicio, verificando que se cumple lo establecido en los pliegos que rigen la contratación’. Y añade contundente que ‘los puntos de información y venta son los incluidos en el pliego y los contratos del servicio, no permitiéndose la captación o venta de servicios fuera de las ubicaciones establecidas’.

El Gobierno de Mariano Rajoy responde así a las cuestiones concretas que le planteó Alberto Garzón quien, especificando previamente que se interesaba por “un sector de especial sensibilidad por los conflictos latentes entre ambos modelos (Taxi-VTC)”, preguntó directamente “¿qué medidas de control del cumplimiento de la correcta ejecución de los servicios aplica AENA para sus contratos adjudicados y, en concreto, para este en particular?”

Además, interrogó también sobre si “¿ha actuado el Gobierno con alguna medida concreta para evitar posibles conflictos de la oferta de servicios y prevenir que los servicios VTC vulneren su frontera de competencias invadiendo el espacio del taxi?”

El Ejecutivo ‘popular’ se aferra en su respuesta a las explicaciones teóricas, sin entrar en ningún detalle práctico ni directo sobre las respuestas requeridas, e incide en que ‘el pliego elaborado por AENA SME S.A. para la adjudicación mediante concurso público del servicio de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas cumple con los requisitos legales vigentes’.

Añade que ‘respecto de la posible competencia de las empresas de VTC con el sector del taxi, es necesario indicar que ambos no comparten instalaciones, ni en la zona del terminal, ni en los aparcamientos’ de este aeropuerto madrileño.

Donde sí se explaya el Gobierno es a la hora de explicar las dotaciones con las que, en principio y de forma teórica, cuenta cada servicio en el aeropuerto madrileño. Así, indica que los taxistas disponen de ‘aparcamientos exclusivos que realizan la función de bolsa de taxis con 2.964 plazas, así como con áreas exclusivas de subida de pasajeros en las zonas de llegadas de las terminales T1, T2 y T4, sin coste alguno para el sector. Además, existen 2 puntos de información a clientes del taxi ubicados en la terminal T1 y T4, operados y gestionados por este sector’.

‘Los contratos suscritos con las empresas de VTC en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas -añade- permiten disponer de 44 plazas en los aparcamientos de uso público de las diferentes terminales del aeropuerto, no siendo estos aparcamientos de su uso exclusivo. Asimismo, estas empresas cuentan con 8 puntos de información y venta en las salas de recogida de las terminales T2 y T4, así como de 6 oficinas de atención a los clientes en las diferentes terminales’.

Además, Alberto Garzón se interesó también por la opinión del Gobierno sobre las “estructuras corporativas de la mal llamada economía colaborativa” a la que recurren estas compañías de VTC y sobre el hecho de que sus “matrices suelen radicarse en paraísos fiscales”. Para el Ejecutivo, ‘la citada Sociedad Mercantil (en referencia a AENA) no tiene conocimiento de que estas empresas se encuentren radicadas en un paraíso fiscal, dado que las mismas cuentan con sede social legalmente establecida en España’.