La sociedad civil exige medidas para proteger a las familias que sufren pobreza energética

Esta semana representantes de diferentes entidades y movimientos sociales que abogan por la defensa de la energía y el agua como derechos, y que trabajan en el día a día con personas afectadas, se reunieron con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para trasladarle una serie de propuestas en materia de pobreza energética y suministros básicos, que hoy hacen públicas y que consideran imprescindibles para hacer frente a la actual situación.

El encuentro se produce tras la aprobación en enero por parte del propio ministerio de un real decreto-ley que introduce la figura del consumidor vulnerable y que ofrece el marco general para que las distintas normativas sectoriales desarrollen los derechos asociados a él. Por ello, la Red Agua Pública, la Aliança contra la Pobresa Energètica y Ecologistas en Acción facilitaron al ministro un documento con las principales medidas consensuadas que deberían aprobarse cuanto antes en materia de energía y de desarrollo del derecho humano al agua.

Entre las medidas planteadas se encuentran la ampliación de los actuales baremos de renta del consumidor vulnerable de energía eléctrica y aplicación a los suministros de agua y gas; la mejora de la información con un incremento de la transparecia y la claridad para el consumidor, y la protección especial de los suministros considerados esenciales.

La reunión con el ministro y su equipo se desarrolló en un tono cordial y tanto el ministerio como las organizaciones se emplazaron a seguir trabajando de forma conjunta por la implementación de las medidas propuestas, teniendo en cuenta que algunas de estas demandas apelan a competencias de diferentes ministerios.

La reunión del miércoles da continuidad a la que las mismas entidades, entre ellas Ecologistas en Acción, mantuvieron con la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el pasado diciembre, en la cual se reclamó la implementación del principio de precaución para evitar la interrupción del suministro a familias vulnerabilizadas y un periodo sin cortes hasta entonces, así como la redefinición de la figura de consumidor vulnerable en materia de suministros.

Tras conseguir la ampliación de la moratoria de cortes hasta el 9 de mayo, las diferentes entidades seguirán luchando de forma conjunta para que se aprueben diferentes medidas que mejoren la vida de las millones de personas en el Estado español que padecen pobreza energética y viven a merced de las grandes compañías. Asimismo las organizaciones esperan que la reunión con el ministro Garzón sea el primer paso para un marco de colaboración que dé sus frutos y consiga este fin.