En 2024 se produjeron en España 796 muertes en el trabajo, un incremento del 10,4% respecto al año pasado

El avance de estadísticas de accidentes de trabajo del periodo enero-diciembre de 2024, publicado ayer en la web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, muestra un cierto estancamiento del número de accidentes con baja. El pasado año se produjeron 628.300 accidentes de trabajo con baja, un 0,5% más que en 2023. El aumento del número de accidentes en jornada de trabajo fue tan sólo del 0,1%mientras que los in itinere crecieron un 3,1%. Los accidentes con baja aumentaron un 0,9% en las personas asalariadas, frente al sensible descenso del -5,2% en las autónomas.

Atendiendo a los índices de incidencia, que muestran el número de accidentes por cada 100.000 personas empleadas, podemos afirmar que se aprecia un descenso de la siniestralidad en jornada del -2,3% que se extiende a prácticamente todos los sectores de actividad, destacando las industrias extractivas con una disminución del -8% y las actividades sanitarias y de servicios sociales con un -5,6.

Sin embargo, donde se registra una situación muy preocupante es en la siniestralidad mortal. En las cifras provisionales que ha publicado el Ministerio se registran 796 muertes en el trabajo, un 10,4% más que el año pasado. Hay que recordar que la definición de accidente mortal incluye los fallecimientos que se producen en los 12 meses posteriores al siniestro, por lo que cuando se dispongan de datos consolidados, las muertes por accidente laboral se dispararán muy por encima de las 800.

Los fallecimientos en jornada de trabajo crecen un 11,2%, por un 7,1% en el caso de los in itinere. Al igual que en los accidentes con baja, las muertes de las personas autónomas retroceden un -10,8%, frente al fuerte incremento del 12,8% de las asalariadas. Como venimos señalando en los anteriores avances de estadísticas, se aprecia que las causas de accidentes mortales que experimentan un incremento más acusado son las relacionadas con los riesgos de seguridad clásicos y fácilmente prevenibles, como los golpes con objetos que aumentan un 109,1%, los ahogamientos en un líquido con un 20% o los atrapamientos, aplastamientos y amputaciones con un 13,8%.

Los índices de incidencia de los accidentes mortales en jornada crecen un 8,6%, destacando el repunte en la industria con un 18,8%, seguida por los servicios con un 12,7% y por la construcción con un 1,2%. El único de los cuatro grandes sectores de actividad en el que desciende la incidencia de accidentes mortales es el agrario con un-5,8%.

“Si bien es cierto que 2024 es el segundo año en el que desciende la incidencia de accidentes con baja, el fuerte incremento de la siniestralidad mortal nos está advirtiendo que los problemas estructurales de la prevención en España siguen sin solucionarse. La calidad de la prevención de riesgos en las empresas descendió a partir de la crisis económica y aún no se ha recuperado. Y no se va a recuperar mientras no se aborden cambios profundos en la legislación en materia preventiva para actualizarla a la realidad actual de las relaciones laborales. Ese es el gran reto de la Mesa de Diálogo Social en materia de seguridad y salud en el trabajo que comenzó sus trabajos hace ya un año sin que todavía esté rindiendo frutos. Es responsabilidad del Gobierno acelerar la dinámica de esa Mesa de Diálogo, porque una cifra de más de 800 personas trabajadoras fallecidas por accidentes de trabajo al año es inasumible, máxime cuando un porcentaje elevadísimo lo hace por causas que son fácilmente evitables, lo que demuestra el fracaso de la prevención en esos casos”, ha resaltado Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.

“Si se quieren reducir estas cifras de siniestralidad mortal o si se quiere mejorar la notificación de enfermedades profesionales, que siguen siendo la asignatura pendiente de la prevención de riesgos en nuestro país, se debe integrar la prevención de riesgos en las empresas obligando a todas las empresas a contar con recursos propios para elseguimiento de sus condiciones de seguridad y salud, rompiendo con el actual marco de Servicios de Prevención Ajenos que han configurado un modelo de gestión preventiva basado únicamente en la cumplimentación de trámites administrativos y no en evaluaciones de riesgos rigurosas y en la adopción de medidas preventivas eficaces. Tampoco podemos olvidar que la formación en materia preventiva no se ha escapado de este deterioro, tanto la de las personas trabajadoras como la de los responsables de velar por el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguros. Y todo esto no se puede llevar a cabo sin una apuesta clara y decidida por unas políticas públicas activas que refuercen el control de las condiciones de trabajo. Se necesita dotar de más recursos técnicos y humanos a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y a sus homólogos de las CCAA, así como a la Fiscalía especializada en Seguridad y Salud en el Trabajo.”

“Más de 600.000 personas trabajadoras accidentadas en un año y más de 800 muertes por este motivo deberían constituir un motivo de seria reflexión en la sociedad española. Sin embargo, tenemos a unas patronales más interesadas en desviar la atención sobre sus responsabilidades alimentando un falso debate sobre el absentismo en el que, entre otras arbitrariedades, incluyen el tiempo que necesitan estas 600.000 personas para recuperar su salud tras un accidente que no fue adecuadamente prevenido en sus empresas”, ha añadido Sanz.