Este sábado 17 de marzo hay convocadas nuevas movilizaciones para reclamar unas pensiones dignas: se suman ya 147 municipios

La Marea Pensionista va en sus reivindicaciones mucho más allá de la pérdida de valor de las pensiones en los últimos años con una revalorización que dejó de vincularse al Índice de Precios al Consumo (IPC) y que supuso solo un 0,25% en 2017. Tras la enorme movilización del pasado 22 de febrero, Unidos Podemos presentó una Proposición de Ley para volver a vincular la revalorización de la pensión al IPC. Esto suponía la derogación de la ley que el Gobierno Rajoy aprobó en solitario en 2013 y cuya aplicación ha implicado que la revalorización de las pensiones -un 0,25% este año- sea menor que la inflación, lo que disminuye el poder adquisitivo de los pensionistas. La reforma de las pensiones de 2013 por decreto también elevó a 35 años el periodo mínimo de cotización para la jubilación anticipada voluntaria y creó la figura del «envejecimiento activo» al compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada.

Nuevo bloqueo en la Mesa del Congreso por los votos de PP y C´s

La Proposición de Unidos Podemos fue vetada por el Gobierno y la Mesa del Congreso no tumbó el veto gracias a los votos de PP y Ciudadanos, lo que impide que ni siquiera se pueda debatir y alcanzar un acuerdo de ley para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas. A pesar de que Albert Rivera aseguró que estaban «abiertos a valorar la revalorización de las pensiones  conforme al IPC pero con condiciones», a la hora de la verdad ha impedido que esa subida del IPC se discuta siquiera en el Congreso. Por su parte, el Gobierno Rajoy argumenta que “la aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución” y es contraria al «principio de estabilidad presupuestaria» contenida en el artículo 135 de la Constitución tras su reforma pactada por PP y PSOE.

La aprobación de esta Proposición de Ley solo supondría un aumento del gasto en los presupuestos de 2.175 millones de euros por la paga adicional correspondiente a la variación del IPC en 2016 y 2017 y un incremento del déficit publico en el el periodo 2020-2025 por la supresión del Factor de Sostenibilidad y el IRPF, lejos de -por ejemplo- los cerca de 60.000 millones de euros que la banca nunca devolvió tras su rescate.

Los objetivos esenciales que defiende la Marea Pensionista son los mismos;

• Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones empezando por recuperar el 1,9% perdido en 2012, y acabando por reimplantar un modelo de revalorización automática en relación al IPC.
• Derogación de todas las reformas laborales y de pensiones a partir de Junio de 2010. Jubilación a los 65 años.
• Derecho a los suministros básicos garantizados (agua, luz, gas).
• Eliminación de todo tipo de cooperación o re-pago.
• Contra la privatización de los servicios públicos que atienden a la gente mayor.
• Defendemos avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los 1000 €.
• Con independencia de fortalecer las cotizaciones sociales (eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, eliminar las tarifas planas, revisar exenciones etc.) la financiación debe estar garantizada por ley que obligue a los presupuestos generales el Estado a asignar al efecto las partidas que coyunturalmente sean necesarias para pagar las pensiones.
• Incorporar al régimen general de la Seguridad Social a las/los trabajadoras/es del hogar, con todas las consecuencias, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de lagunas de cotización que llega a representar hasta un 38,10% menos de la pensión que antes de la Reforma de 2011.
• Contra la discriminación de las mujeres en el acceso y la cuantía de las Pensiones.