La Ley de Simplificación de Castilla La Mancha sigue adelante pese al frontal rechazo de los sindicatos

La FSC de CCOO Castilla La Mancha ha lamentado esta semana que continúe el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page, «pese a sus evidentes perjuicios a la ciudadanía y los servicios públicos».

El pasado martes el Consejo de Gobierno dio su visto bueno al proyecto, a pesar de que el sindicato solicitaba la retirada del Título IV de la propuesta legislativa, que contemplan como una vía a la privatización de servicios públicos.

«Pese a que García-Page presume de que esta ley es una «colaboración público-privada», en realidad, la Ley de Simplificación amenaza a los servicios públicos con una disminución de las plantillas de empleo público, actualmente ya muy mermadas», han apuntado desde el sindicato.

Desde la FSC CCOO CLM se alerta de que son numerosas las competencias públicas elementales que pueden pasar a manos privadas a través de lo que la norma denomina Entidades Colaboradoras. A estas entidades se les atribuye, literalmente, “funciones de comprobación, inspección y certificación en determinados procedimientos y áreas de la Administración Regional”, funciones que son exclusivas del personal funcionario, en áreas como Servicios Sociales; Sanidad; Urbanismo; Gestión forestal; Calidad ambiental; Economía circular; Actividad cinegética; Patrimonio cultural; Promoción empresarial; Trabajo; Empleo; Formación Profesional y Turismo, así como cualquier otra materia competencia de la Administración Regional.

«Con el pretexto de agilizar trámites, se abre la puerta a la iniciativa privada en materias tan sensibles como las mencionadas, otorgando la norma una especial preponderancia a la Declaración Responsable», advierten desde CCOO, apuntando que este mecanismo podrá ser utilizado por las Entidades Colaboradoras para todo tipo de actuaciones, desde para constituirse como tales hasta como sustituto de autorizaciones, licencias y otras intervenciones.

«Esta forma de actuar conlleva un grave riesgo de perjuicio irreversible para el interés general y particular de la ciudadanía y de la propia Administración. Un perjuicio que una vez causado, y especialmente en determinados ámbitos, difícilmente podrá ser reparado».

Además, denuncian que estas Entidades Colaboradoras se financiarán cobrando una prestación económica a la ciudadanía que requiera sus servicios. Es decir, cobrando una tasa o tarifa. «Esto supone la mercantilización de los derechos de la ciudadanía creando diferencias por criterios económicos en el acceso a la Administración; quien pueda pagar podrá acceder a la vía rápida de las Entidades Colaboradoras y quien no quedará relegado a la cola de la gestión administrativa», advierten.

Para alcanzar sus objetivos, el anteproyecto incluye la modificación de varias leyes: la de Vías Pecuarias, de Montes y Gestión Forestal Sostenible, de Servicios Sociales, de Patrimonio Cultural, de Caza, de Economía Circular y de Evaluación Ambiental.  

Desde CCOO han manifestado que a pesar de estar a favor de una Administración más moderna y ágil, no pueden apoya el proyecto tal y como se plantea. «Esta ley no sólo no lo conseguirá, sino que debilita la estructura pública que garantiza los derechos de la ciudadanía; abre de par en par las puertas para la gestión de estos derechos por entidades privadas; perjudica a la ciudadanía diferenciándola por su renta; y permite actuaciones sin supervisión pública cuyos perjuicios no podrán ser reparados, entre otras muchas cosas».