El PNV registra una propuesta para estudiar el cannabis medicinal mientras Unidas Podemos presentará un proyecto de ley para su regulación integral

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) presentó el pasado sábado una propuesta para crear una subcomisión dedicada al estudio de la regulación del cannabis, dentro de la Comisión de Salud y Consumo del Congreso. La propuesta, que podrá ser aprobada o rechazada, fue registrada un día antes del Día Mundial del Cannabis Medicinal, que se celebra internacionalmente el 15 de noviembre.

La intención de la subcomisión que propone crear el PNV es la de analizar las experiencias de los distintos países que han regulado el cannabis medicinal, así como también escuchar “a cuantos agentes y expertos se considere oportuno” y estudiar “aquella documentación que se considere necesaria”. Todo ello con la finalidad de que en un periodo de seis meses se elabore un informe sobre la evidencia científica existente y las fortalezas y debilidades de los programas de cannabis medicinal que funcionan en el mundo.

El resultado de la subcomisión sería un informe que sería remitido al Gobierno para que lo utilice en una regulación del cannabis medicinal en el Estado Español. La propuesta registrada por el PNV para crear la subcomisión ha sido motivada por la respuesta que el Gobierno dio a una pregunta parlamentaria que hizo el partido vasco en junio. El PNV preguntó a si el Gobierno tenía intenciones de regular el cannabis medicinal, a lo que el Gobierno contestó que no tenía intención de llevar a cabo ningún tipo de regulación, y argumentó que faltaban evidencias científicas para hacerlo.

Desde el PNV comparten con Unidas Podemos la necesidad de abordar la regulación, pero entienden que el enfoque adecuado debe ser sanitario, y prefieren llevarlo a la comisión de salud y consumo en lugar de a la comisión de adicciones. Es una propuesta que excluiría el uso recreativo y que comparten grupos como Ciudadanos y JxCat.

La diputada del PNV Josune Gorospe ya registró en el Congreso una pregunta el pasado mes de septiembre de 2020. El Gobierno aseguró en su respuesta que el uso del cannabis terapéutico «debe establecerse basándose en pruebas científicas sobre su calidad, seguridad y eficacia para usos médicos obtenidos mediante ensayos clínicos controlados». El PSOE no entiende este asunto como una «prioridad» y repite que la iniciativa no está recogida en su programa de Gobierno.

Unidas Podemos y ERC proponen el acceso del consumidor al autocultivo y una regulación basada en un sistema de licencias de carácter público, bajo control estatal con puntos de venta. Las licencias se otorgarían tanto para la producción como para la distribución y la venta, pero no para los consumidores (como se desarrolla en Uruguay a través de un sistema de registro de usuarios).

El portal Cannabis.es recoge como la portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Adicciones, Lucía Muñoz, presentó el detalle de la norma integral de regulación del cannabis que describe y desarrolla el funcionamiento de las asociaciones cannábicas, bajo un nuevo supuesto legal. Sin ánimo de lucro, cultivo por los miembros, no terceros, escuetos 2.5g diarios retirables e incentivo al cultivo exterior. Desde Esquerra Republicana, la portavoz Marta Rosique replicó inmediatamente que no compartía el detalle y que debía caber la Ley Catalana en el encaje estatal. Junto a Más País e Izquierda Plural, las dos diputadas se comprometen a un acuerdo final y destacan la importancia de sumar al PSOE.

«Quería presentar aquí en el contexto de organización de la ConFac lo que nosotros entendemos como club social cooperativo», arrancaba Muñoz en las mesas Sembrando el Cambio de esta Marihuana en Marcha. «Entendemos una asociación sin ánimo de lucro para el autoabastecimiento de cannabis en la que los socios participan de manera técnica para […] el cultivo», proseguía. «Tiene los mismos derechos que cualquier asociación […], respetando estas limitaciones: no puede operar en cuanto que no reciba la autorización de la agencia [estatal de nueva creación] y no pueden comprar en ningún caso, deben hacer un cultivo propio».

«Para ser socio habrá que ser residente en España y cada persona solo podrá ser socia de una asociación», completaba sobre cómo unirse. Dejan a cada asociación el tema del aval, el cómo se invita. Proponen un software de control con datos «globales», «sin identificar a los socios de forma individualizada».

Otros países ya apuestan por diferentes formulas para la regulación de la planta

A nadie escapan los beneficios que la regulación del cannabis traerían para la recuperación de la economía española. Desde su regulación en Canadá en 2018, el cannabis es una industria valorada en miles de millones de dólares. Solo en las dos primeras semanas tras su legalización, las ventas de cannabis en el país norteamericano estuvieron valoradas en 43 millones de dólares.

En las posiciones de salida en la carrera por situarse entre los primeros países en abordar su legalización y regulación se sitúa México. El Gobierno progresista de López Obrador está muy cerca de convertirse en el tercer país a nivel mundial en legalizar los usos del cannabis, sin contar con algunos estados de EE.UU. como California.

Por otro lado, el Ministerio de Economía y Energía de Argentina está avanzando en  la reglamentación de una ley única en el país para el desarrollo industrial del cannabis medicinal desde la iniciativa privada. La iniciativa contemplaría la producción, industrialización, investigación, comercialización y exportación de esta planta con fines medicinales.