Reclaman una ley del clima que responda a la crisis ecosocial

Hoy, 13 de mayo, se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados después de años de negociaciones. El texto, que tiene luz verde en un momento decisivo para el planeta y con la Cumbre del Clima, COP26, a la vuelta de la esquina, contempla unos objetivos insuficientes para hacer frente a la emergencia climática.

Amigos de la Tierra, como organización pionera a la hora de demandar una ley de cambio climático no puede evitar celebrar la aprobación de una ley de estas características, aunque considera que el Gobierno está perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo. Se trata de una ley que está muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. En definitiva es una ley poco ambiciosa, incoherente con las recomendaciones de la ciencia y las peticiones de la ciudadanía, y carente de una mirada global sobre las consecuencias de la emergencia climática y las necesidades de transformación ecológica.

***

Señala Cristina Alonso Saavedra, responsable de Justicia climática y energía de Amigos de la Tierra, que “la reducción de emisiones fijadas en un 23% para 2030 nace obsoleta y es insolidaria. Necesitamos apostar por una reducción de un 55%, si no corremos el riesgo de alcanzar una temperatura de 3º, lo que nos podría llevar a un cambio climático sin retorno. Es indispensable que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias, para esto debe recapacitar e incrementar el objetivo de acuerdo a las recomendaciones científicas y las demandas ciudadanas”.

También indica que “la planificación en términos de transición energética dista mucho de impulsar una democratización del sector tal y como indican las directivas europeas. A esto hay que sumar que los objetivos de penetración de renovables tampoco están a la altura de la emergencia climática. Es necesario, por tanto, aumentar la ambición y alcanzar el 100% de energías de origen renovable en el consumo de energía final para el año 2040, así como alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable para el año 2030, pero también establecer objetivos vinculantes de participación ciudadana. La falta de estos últimos está dando lugar a la proliferación de megaproyectos liderados por las grandes empresas energéticas, lo que ya está causando impactos ambientales y sociales y generando gran oposición en muchos territorios”.

“Por último, la emergencia climática va más allá de una mera transición energética y objetivos de reducción expresados en números. Sectores como el agrícola o el de residuos, entre otros, son fundamentales en la lucha contra la emergencia climática. Son necesarias políticas sectoriales que estén en coherencia y que den respuestas a las causas de la crisis en la que nos encontramos. Además, llevarlas a cabo desde una perspectiva de justicia climática, asumiendo la responsabilidad histórica por parte de los países del Norte global y con una base de justicia social, ecológica y de género para que efectivamente nadie se quede atrás” según señala.

***

Una ley tardía, insolidaria e insuficiente para enfrentarnos a la emergencia climática

En 2018, el IPCC advirtió de las nefastas consecuencias para la vida en su conjunto que tendría un aumento de la temperatura por encima de 1.5º. En 2019, el informe de Naciones Unidas para el Medio Ambiente cuantificó la necesidad de una reducción mundial anual del 7,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la década 2020-2030. Además, España ha sido declarado como uno de los países más vulnerables ante el cambio climático de Europa.

En este escenario de urgencia, hemos denunciado la falta de ambición de la Propuesta de Ley aprobada al presentar un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23% para 2030.

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que establece la Ley es insuficiente, de esta forma se está haciendo oídos sordos a la ciencia, a la ciudadanía y a la responsabilidad histórica de España en la emergencia climática. Esta es una ley tardía y carente de ambición. Es indispensable apostar por un objetivo del 55%, si no, está ley no tiene sentido. Pareciera ser un lavado de cara ante la sociedad y un contrato para el mantenimiento del status quo de los grandes poderes.

Una transición energética floja y peligrosa

La Propuesta de Ley de cambio climático y transición energética aprobada hoy, marca un objetivo de penetración de renovables del 42% sobre el uso final de la energía y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica para el año 2030. Sin embargo, en Amigos de la Tierra consideramos que estos objetivos son insuficientes.

El objetivo de penetración de renovables marcado en el Proyecto de Ley de cambio climático deja mucho que desear. Necesitamos alcanzar el 100% de energías de origen renovable en el consumo de energía final para el año 2040 y un sistema eléctrico 100% renovable para el año 2030. Además, la falta de planificación y participación de la ciudadanía está dando lugar a la proliferación de megaproyectos liderados por las grandes empresas energéticas, lo que ya está causando impactos ambientales y sociales y generando gran oposición en muchos territorios.

Los datos oficiales sobre el mix eléctrico muestran que, en 2020, el 99,5% de la capacidad renovable instalada actualmente pertenece a grandes empresas privadas, es decir, sólo hay un 0,05% de participación ciudadana. Por ello, hacemos un llamamiento a asegurar la democratización de la energía con medidas claras de descentralización:

La Ley establece objetivos vinculantes de instalación, sin embargo, no existe ninguna planificación en términos de democratización. La ciudadanía tiene que dejar de ser considerada un actor pasivo en calidad de “consumidora” para convertirse en un agente activo. Lo marcan las directivas europeas y lo demanda la ciudadanía. Mientras las grandes empresas se benefician de la transición energética se está desaprovechando el enorme potencial de la energía comunitaria para generar energía limpia y cercana, y crear empleo.

La emergencia climática no se puede frenar con combustibles fósiles

En el Artículo 11, se abren las puertas al uso del gas en todo el sector transporte, un sector que debe ser descarbonizado urgentemente siguiendo principios de reducción de demanda, colectivización y electrificación.

No se puede frenar la emergencia climática apoyando los combustibles fósiles. Esto responde a los intereses de la industria del gas, mientras la Ley debe impulsar una descarbonización total de la economía, y el uso de combustibles como el gas debe estar muy restringido a sectores industriales de difícil reconversión. Esta decisión deja claro cuál es el camino que se esconde tras lo que llaman una Ley de transición energética. Vamos en dirección contraria al Acuerdo de París.

Una Ley tuerta que ni frena el cambio climático ni promueve un cambio de modelo

La Ley de Cambio climático y transición energética no establece objetivos concretos para el sector agrícola si no que remite a la Política Agraria Común, así como a otros planes, estrategias y programas de política agraria y desarrollo rural como el Plan Forestal Español para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

La producción industrial de carne para exportación es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero en España. El Gobierno mira hacia otro lado mientras la proliferación de macrogranjas por todo el territorio y la desaparición de la agricultura local y a pequeña escala agravan el cambio climático.

Por último, lamentamos que la Ley de cambio climático y transición energética no atienda tampoco a la crisis de residuos y recursos naturales en la que España se encuentra. La falta de ambición del gobierno por avanzar en la transición ecológica resulta también evidente en el actual proceso de reforma de la Ley de Residuos, que debe implementar nuevas obligaciones europeas en materia de economía circular y plásticos. Los borradores conocidos hasta la fecha están lejos de revertir la dramática situación actual, en la que en torno a un 70% de los residuos municipales generados acaban en vertederos o incinerados, con el consecuente impacto sobre la salud de las personas y el planeta.

Además, el texto no despliega todo el potencial de la materia orgánica (responsable del 40% de la bolsa de basura en peso) para reducir las emisiones GEI y mejorar la resiliencia de los suelos frente al cambio climático. Tampoco se establecen obligaciones concretas para productores y comerciantes en materia de prevención, que sigue siendo la gran olvidada de la política de residuos.

La falta de coherencia de políticas es una señal clara de que estamos dando palos de ciego en la transición ecológica que necesitamos. De poco sirve aprobar leyes si no hay coherencia entre ellas y si no dan respuestas a las causas de la crisis en las que nos encontramos. Necesitamos una Ley más ambiciosa, alineada con la ciencia, con la llamada de la ciudadanía y que impulse la transición ecológica y social que España necesita.