La Unión Progresista de Fiscales (UPF) sobre la Ley Mordaza: «sus injustificadas y desproporcionadas restricciones deben ser eliminadas»
La UPF dice que dificulta "la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica" y pide formación adecuada en tratamiento de género.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha clausurado su XXXIII Congreso, celebrado este fin de semana en Valencia bajo con el lema «Hacia una Justicia con Perspectiva de Género«, con la difusión de unas conclusiones en las que abordan distintas problemáticas de la [nuestra] ciudadanía.
En lo referente a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, los fiscales sostienen que sus «injustificadas y desproporcionadas restricciones, que dificultan innecesariamente la libertad de expresión, información, manifestación y reunión pacífica, deben ser eliminadas».
Asimismo, señalan “que «La libertad de expresión es uno de los pilares esenciales de una democracia y el respeto [que se le debe] a la misma constituye un termómetro de precisión para medir la fortaleza y madurez de un Estado democrático».
«Como todos los derechos fundamentales y libertades públicas, tiene límites para que su ejercicio no entre en colisión con los derechos de otros ciudadanos, en particular especialmente cuando afecte al principio de igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, a la dignidad de todos los seres humanos y a la prohibición absoluta de discriminación».
«Sin embargo, la respuesta que desde el ordenamiento jurídico y el sistema judicial debe darse ha de estar justificada, proporcionada, teniendo presente el carácter de última ratio del derecho penal, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.
Por otro lado, en concordancia con el lema de la convocatoria, los fiscales progresistas urgen a acabar con el «techo de cristal» en la carrera fiscal de las mujeres, que representan la mayoría en todos los rangos de edad y que, pese a ello, ostentan el 35% por ciento de los cuadros directivos. La UPF considera «esencial» que todos los operadores jurídicos cuenten con formación adecuada en tratamiento de género porque, de lo contrario, «nunca se podrá dar una respuesta justa, proporcionada y adecuada para erradicar la lacra de la violencia sobre las mujeres».
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