Diputación pide a la Junta que “desprivatice” el servicio de interpretación de lengua de signos en la educación pública

Todos los grupos políticos con representación en la Diputación de Córdoba, a excepción del PSOE, se han posicionado a favor de que el servicio de interpretación de lengua de signos en los centros educativos públicos andaluces sea directamente gestionado por la Junta en lugar de por una empresa privada, como ocurre en la actualidad.

La diputada provincial de Ganemos, Mari Ángeles Aguilera, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que “no entendemos que los intérpretes de lengua de signos no tengan el mismo estatus laboral que los profesores, cuando están igualmente en el aula y son una pieza fundamental para el buen desarrollo escolar del alumnado con diversidad funcional auditiva”.

En la misma línea argumentativa, Aguilera ha denunciado que los trabajadores que prestan este servicio se rigen por el convenio de oficinas y despachos y no por el del sector propio. También ha acusado a la Consejera de Educación de permitir que personas que realizan una labor para la administración andaluza cobren salarios distintos dependiendo de la provincia en la que trabajen.

Así, con los votos a favor de PP, Izquierda Unida, Ganemos y Ciudadanos, el Pleno de la Diputación de Córdoba ha solicitado a la Junta de Andalucía a la “dignificación de las condiciones laborales” de los intérpretes de lengua de signos y que el servicio sea prestado directamente por la propia Consejería de Educación.