Ábalos recula: «el posible pago en las autovías es una cuestión a debatir»

España cuenta con casi 20.000 kilómetros de autovías y autopistas, una serie de vías por las que los conductores deben pagar si quieren hacer uso de ellas. Un paisaje que está cambiando poco a poco debido a las acciones que están llevando a cabo los diferentes Gobiernos. Así las cosas, actualmente hay algunos tramos que han pasado de ser privados a ser públicos y, evidentemente, circular por ellos es gratis. Algunos han sido rescatados por el Estado y en consecuencia han bajado sus tarifas y otros, sin embargo, siguen siendo de pago. En otros casos se ha prorrogado la concesión en manos privadas cuando iba a cumplirse su transición a titularidad pública y usoo gratuito.

Todas las autopistas cuya concesión fue otorgada durante la dictadura Franquista han visto cómo los Gobiernos alternos de PP y PSOE, principalmente el de José María Aznar, han dado prórroga a los contratos. Sin ir más lejos, la AP-1, la autopista que enlaza Burgos con el País Vasco, acumula más de cuatro prórrogas en el contrato de concesión. La vigente concluye en noviembre de este año.

Otras autopistas también cumplen en los próximos meses su período de concesión. Es el caso de -por ejemplo- la AP-4, la conocida como Autopista del Sur que une Sevilla con la provincia de Cádiz, fue concedida a Bética de Autopistas en 1968, que más tarde se fusionó con Aumar, empresa integrante de la compañía Abertis. La concesión de esta autopista de peaje finaliza en diciembre de 2019.

Y nos encontramos con casos de prórroga por un período de tiempo extremadamente largo, como la AP-9, la autopista del Atlántico que une Ferrol y Vigo. En su momento (1973) fue concedida a C.E.S.A, que actualmente forma parte del paraguas que abarca Sacyr Vallermoso. La concesión de esta autopista por tanto lleva en las mismas manos 45 años, y no pasará a propiedad pública hasta, mínimo, 2048.

En los próximos meses finalizan algunas concesiones de autopistas a empresas privadas

Durante la campaña electoral, el Gobierno de Pedro Sánchez confirmó que algunos de los peajes de las autopistas nacionales tenían los días contados. Concretamente, escribió el punto final de aquellos cuya concesión acaba entre 2018 y 2021. Por lo tanto, ya existen tramos por los que antes se abonaba una tasa y por los que ahora los conductores ya circulan de forma gratuita. Esta decisión ha propiciado (y propiciará) la desaparición de 1.000 kilómetros de autopistas que tenían las concesiones caducadas.

Pero parece que la tendencia ha cambiado también en este asunto. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha explicado este martes que la posibilidad de imponer un pago «simbólico» en las autovías ahora gratuitas es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar, aunque el proceso ni siquiera se ha iniciado. «Es una cuestión de debate que no está ni siquiera iniciado», ha apuntado Ábalos en una entrevista con Telecinco.

En la práctica, la propuesta abarataría autopistas privadas utilizadas por menos usuarios para cargar el pago sobre todos los conductores a través de las autovías

El titular de Fomento ha recordado que en la pasada legislatura se planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la red viaria de alta capacidad. Desde el PSOE se apunta a que «los fondos obtenidos se emplearían para reducir el coste del peaje en las autopistas de gestión privada«.

Según Ábalos, esta subcomisión, que no llegó a constituirse, pretendía abordar «desde un punto de vista serio y riguroso» cómo financiar la red de alta capacidad, que tiene un coste de 1.100 millones de euros para el erario público por sus necesidades de conservación.El Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la red de autovías del Estado mientras el Ministerio de Fomento baraja el pago por uso de las autovías, aunque el coste para los usuarios sería «simbólico».

La Asociación Española de la Carretera también mantiene que «habría que pagar una tasa por circular por autovía, exclusivamente destinada a los costes de conservación y mantenimiento. Muchas veces se dice que las autovías ya las hemos pagado, las han pagado los presupuestos públicos con el esfuerzo de todos los españoles. Lo que no está pagado es su mantenimiento, para que la carretera preste el servicio público adecuado. Y por ello hay que sufragar ese coste. Es necesario antes de su puesta en marcha llevar a cabo el estudio fiscal oportuno para que la aplicación de esta tasa sea lo más justa posible».