Las principales organizaciones ecologistas piden al Gobierno que no renueve la autorización para la instalación radiactiva de la mina de uranio de Retortillo

A pocos días de que caduque la autorización previa como instalación radiactiva nuclear para la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo, en Salamanca, las principales organizaciones ecologistas del país piden a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no renueve dicha autorización, por sus graves riesgos e impactos ambientales, sociales y sobre la salud.

Además, las organizaciones alertan de que, si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) diera su autorización, esto convertiría a España en el único país de Europa con una mina de uranio a cielo abierto, algo inconcebible e incoherente con el compromiso del actual Gobierno de eliminar progresivamente la participación de la energía nuclear en nuestro mix energético, de realizar una transición energética y conseguir un sistema energético descarbonizado, eficiente, 100 % renovable y sin generación eléctrica de origen nuclear.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, al igual que otros colectivos sociales como Stop Uranio y diferentes partidos políticos, han mostrado durante años su oposición y han alertado en numerosas ocasiones de que este proyecto ha estado envuelto en gravísimas irregularidades, gran polémica y una fuerte oposición social desde un primer momento.

Este peligroso proyecto obtuvo en 2013 una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la evaluación de impacto ambiental no analizaba la mayor parte de los graves daños asociados, como tampoco los generados por la producción y almacenamiento de residuos radiactivos sobre el entorno y las personas.

A pesar de no haber conseguido todos los permisos necesarios, la empresa ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias. Referido en ocasiones como ‘mina de uranio’, el macroproyecto en sí consta, además, de la mina a cielo abierto, de una planta de procesado de mineral de uranio (considerada instalación radiactiva nuclear) y de una planta de almacenamiento de residuos nucleares.

Las organizaciones ecologistas denuncian que las amenazas no acaban con la explotación de la mina, el concentrado de uranio y el almacenamiento de residuos radioactivos, sino que perdurarán a largo plazo cuando las minas queden abandonadas una vez que acabe su explotación.

Aparte de la degradación ambiental irreversible de un paisaje que quedará degradado para siempre, la contaminación y el riesgo radiactivo permanecerán de manera persistente en la zona y deberá ser la administración pública, con dinero de todos los ciudadanos, quien vele durante décadas por esta instalación radiactiva y sus residuos, dejando un legado peligroso y contaminado para las generaciones futuras.

Las organizaciones también denuncian los graves impactos ambientales de este proyecto sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre los hábitats y especies de interés comunitario presentes. En concreto, aportan evidencias sobre la posible extinción de la especie de pez endémica sarda salmantina. Tanto es así, que la Comisión Europea está estudiando la apertura de un expediente de infracción contra España por incumplir la Directiva Marco de Agua y de la Directiva relativa a impactos de proyectos sobre el medio ambiente.

De igual forma, son especialmente graves las amenazas que el proyecto plantea a Portugal, ya que la proximidad al río Duero de esta mina de uranio a cielo abierto hace muy probable la contaminación del agua por escorrentía y por el polvo radiactivo que genera la explotación.

Como han denunciado en reiteradas ocasiones, los impactos transfronterizos han sido obviados en el proceso de evaluación del impacto ambiental realizado por la Junta de Castilla y León. De ahí que el Gobierno portugués haya solicitado al Gobierno español más información para iniciar un proceso de consultas.

Para las organizaciones ecologistas, la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica tiene la ocasión de frenar de una vez este peligroso proyecto que nunca debió pasar las primeras fases de su tramitación y que hipotecaría el futuro de esta zona de incalculable valor ecológico, dejando a la larga un legado contaminado que deberá pagar y afrontar toda la sociedad. Por eso consideran que debe rechazar la renovación de la autorización previa de la planta de concentrado de uranio de Retortillo.

Información de interés: Según un reciente estudio de la la Universidad Politécnica de Madrid, los agentes meteorológicos pueden provocar la dispersión y disolución de los minerales y contaminantes presentes en zonas de minas de uranio antiguas y transportarlos hasta los acuíferos y transferirlos a la cadena trófica.