FACUA pide investigar drástica reducción de embalses explotados por Iberdrola y presenta un decálogo de medidas contra los abusos de las Eléctricas

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para solicitarle que investigue la drástica reducción de agua que están sufriendo los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), explotados por Iberdrola, para la venta de un porcentaje de energía hidroeléctrica muy superior al habitual en la subasta diaria y a precios absolutamente inflados.

La hidráulica de bombeo han marcado el precio de la subasta el 75% de las horas en la última semana, advierte la asociación.

Según han dado a conocer varios medios de comunicación, el agua que poseía almacenada el embalse de Ricobayo, en Zamora, se ha reducido hasta en un 79% como consecuencia de un aumento de la producción eléctrica por parte de la empresa, aprovechando la coyuntura de las nuevas tarifas y el encarecimiento de la luz.

Mientras el caudal del embalse se mantuvo estable durante el 21 de mayo y el 11 de junio, a partir de esa fecha la empresa comenzó a vaciarlo para generar más energía tras el cambio del sistema tarifario eléctrico, y las constantes subidas en el precio de la luz que viene produciéndose desde hace meses. El 1 de junio, día que entraron en vigor las nuevas tarifas, la cota del embalse estaba en 658 hectómetros cúbicos de agua. En apenas dos meses la cota se ha reducido en un 79%, situándose en 133 hectómetros cúbicos.

Iberdrola ha procedido a desembalsar también el agua del embalse de Valdecañas, en Cáceres, dejándolo en la cota mínima, 290 hectómetros cúbicos. Datos de la la Confederación Hidrológica del Tajo (CHT) indican que dicho embalse se encuentra actualmente al 21,65% de su capacidad, 20 puntos menos que en 2020.

Facua pide una eléctrica pública y una bajada permanente del IVA para rebajar el precio de la luz, entre otras propuestas

Otra de las medidas que también forman parte de este decálogo es la reforma del sistema de fijación de precios en el mercado mayorista, de manera que determinadas tecnologías de generación eléctrica salgan de la subasta diaria y se sometan a un sistema de precios máximos fijados por el Gobierno.

«Hacer frente a la pobreza energética de una manera eficaz y garantizar el acceso al suministro eléctrico a unos precios razonables debe ser prioritario para este Gobierno y una obligación de servicio público para las empresas eléctricas. La luz es esencial para el desarrollo de una vida digna y no puede seguir siendo una mercancía más, sujeta a los movimientos especulativos de los mercados», han señalado desde Facua.

BAJADA DEL IVA PERMANENTE Y UNA AUDITORÍA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Desde Facua, también reclaman la puesta en marcha de un nuevo bono social, que represente un descuento de al menos el 50% de la factura y al que puedan acogerse las familias cuyos ingresos no superen 2 salarios mínimos, que se elevarían hasta 3 en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años.

También apuesta por que la bajada del IVA sea permanente y compensar la disminución de ingresos para las arcas del Estado con una reforma de los impuestos sobre la renta, patrimonio y sociedades para que paguen más quienes tienen mayores recursos.

Otra de las propuesta es la articulación de un procedimiento coordinado mediante el cual a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y beneficiarios de ayudas y prestaciones sociales del ámbito local se les incorpore, en el procedimiento y resolución de concesión, la garantía de acceso a suministros básicos como la luz.

En la misma línea también se enmarca la prohibición de cortes de suministro por razones económicas a los consumidores vulnerables y una reestructuración de los tramos horarios, de manera que el horario menos caro, el valle, adelante su inicio de lunes a viernes no festivos a las 22.00 horas, algo que haría que un mayor porcentaje de consumidores puedan aprovecharlo para desarrollar tareas domésticas a precios más bajos.

Asimismo, también piden una bajada sustancial del término de potencia. «Tras la subida del 103% en el precio del kilovatio de potencia contratada que aprobaron los últimos gobiernos del PP, el actual Ejecutivo de coalición ha aplicado una bajada poco significativa, que no llega al 16%, pese a su compromiso de disminuir el porcentaje que representa el término fijo en el total de la factura», han lamentado desde Facua.

Además, ha reclamado la puesta en marcha de mecanismos de control coordinados entre el Gobierno y las comunidades autónomas para detectar, multar y alertar públicamente de las ofertas engañosas lanzadas por las eléctricas en el mercado libre, y han incidido en la necesidad de un análisis del sector desde su liberalización para determinar si las eléctricas inflaron los precios y, con ellos, el déficit de tarifa que los consumidores llevan años devolviéndoles.

Por último, han demandado al Gobierno que urja a las eléctricas a que abonen los 3.500 millones de euros que cobraron «indebidamente» en conceptos de costes de transición a la competencia.

*Con información de Agencias.