Armas españolas podrían usarse para reprimir las movilizaciones en Perú

El total de exportaciones españolas a Perú en 2015, en material de defensa, ascendió a 15.213.606 euros. Este total se desglosa de la siguiente manera. Las exportaciones netamente consideradas como material de defensa ascendió a 10.923.419 €. Luego están las exportaciones de tecnologías de doble uso que los y las peruanas pagaron 7.303 €, las exportaciones de material antidisturbios que ingresaron en las arcas españolas procedente del país andino fue de 2.525.187 €. Y, finalmente, están las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo que las autoridades peruanas desembolsaron 1.757.697 €.

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio de España detalla muy sucintamente estas cuatro categorías. Se entiende por material de defensa todo aquel armamento diseñado especialmente para uso militar como instrumento de fuerza, información o protección en conflictos armados. Las tecnologías de doble uso por su parte son aquellas que tiene normalmente un uso civil, aunque pueden ser aplicadas a un uso militar. El material de caza y uso deportivo no hace posible su uso militar por sus especificaciones técnicas y por no ser totalmente automático. El material antidisturbios incluye el material policial y de seguridad.
Según estas cifras, Perú es el mayor comprador no sólo de América latina sino global de material antidisturbios de España.

Entre el material que Perú adquirió están los artificios de luz y sonido, artificios lacrimógenos, aerosoles de defensa policial y materia prima para la fabricación de artificios pirotécnicos. Pero España exporta otros materiales como las sustancias incapacitantes, dispositivos para el lanzamiento de proyectiles antidisturbios y de artificios fumígenos y lacrimógenos (bocachas) que, para su funcionamiento, necesitan ser acoplados a un arma de fuego o de proyección por gas, aunque ésta no esté sometida a control, vehículos para el control de disturbios con alguna de las siguientes características: sistemas para producir descargas eléctricas, sistemas para dispensar sustancias incapacitantes y cañones de agua.

Las estadísticas oficiales reflejan tanto las ventas efectivamente realizadas como las autorizadas por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), en la que están representados los ministerios de Economía, Exteriores o Defensa, entre otros.

Estas exportaciones de material antidisturbios confirma el criterio que han tenido las autoridades peruanas a la hora de afrontar los conflictos sociales. La reciente inauguración de una fábrica para ensamblar pistolas P-09 de 9 mm reforzaría esta línea de actuación. La pistola P-09 tiene una longitud de 205 milímetros, pesa 840 gramos y su alcance efectivo es de 50 metros. Un arma muy apropiada para utilizarla en la represión de las movilizaciones populares. La ensambladora recientemente inaugurada por la Fábrica de armas y municiones del Ejército y Ceska Zbrojovka de la República Checa tiene una capacidad inicial para ensamblar 1000 pistolas al mes.

El criterio peruano de importar material antidisturbios ha hecho que las exportaciones españolas de material de defensa aumentaran el año pasado un 16%, hasta los 3.720 millones de euros.
Estas exportaciones se han realizado a un país, Perú, que tiene más de 200 conflictos sociales sin resolver. Conflictos que en su mayoría se han desencadenado en torno a la presencia de industrias extractivas, especialmente de la mediana y gran minería. Lo cual se relaciona a la llegada de grandes inversiones (nacionales y extranjeras) atraídas por las nuevas reglas de juego establecidas en el país a partir de los años noventa y más tarde por el boom de los precios de los minerales.

España exporta armas a un país que mantiene una conflictividad social muy alta que incluye también casos asociados a la minería informal e ilegal, hoy uno de los conflictos más complejos y extendidos por todo el Perú; así como a la exploración y explotación de hidrocarburos, principalmente ubicados en la Amazonía, donde la incursión de las empresas en territorios donde habitan pueblos indígenas ha desatado una serie de tensiones sociales. El 66% de todos los conflictos socioambientales se relacionan con la actividad minera y este indicador es uno de los índices más altos en 2015, según estudio de Viceversa Consulting. En muchos de estos conflictos sociales hemos tenido que lamentar la muerte de civiles y policías.

Muchas de las armas vendidas a Perú han sido utilizadas en los conflictos sociales. Durante el gobierno de Ollanta Humala dejaron más de 50 muertos y 750 heridos, según un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las regiones que concentraron el 50% de los conflictos sociales son Apurímac, Ancash, Puno, Cajamarca, Cusco y Piura, donde las protestas tuvieron como factor fundamental la minería. Uno de ellos, quizá el más importante y al que se le debe poner especial atención porque podría convertirse en el nuevo Conga, es el conflicto en Apurímac por el proyecto minero Las Bambas.

Otro conflicto latente, por el cual las autoridades españolas deberían de tener en cuenta a la hora de vender armas y así no colaborar con el aumento de los conflictos,  está en Espinar (Cusco), donde la población, desde mayo de 2012, sigue exigiendo al Estado que asuma sus responsabilidades por los problemas de contaminación ambiental y los impactos generados en la salud por los trabajos de la minera Glencore-Xtrata.
Recientemente, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó que el principal desafío que tiene son los conflictos sociales. No estaría mal que empezara por reducir e incluso eliminar toda partida presupuestaria que conlleve la compra de material policial, de defensa y antidisturbios que vaya a la represión de las movilizaciones populares.

Por otro lado, hay que movilizar a la opinión pública para exigir al gobierno de España, a sus ministerios de Economía, Defensa y Exteriores, que no envíen ni vendan armas a Perú mientras mantenga esos altos índices de conflictividad social. Porque las armas que vende España a Perú se utilizan para reprimir al pueblo que sale a la calle a protestar y reivindicar sus derechos.
España no puede ser cómplice de la matanza de indígenas, campesinos y campesinas, trabajadorxs, mujeres y estudiantes.