Los tribunales declaran ilegal la privatización del servicio público de mediación laboral de Castilla y León

La justicia ha vuelto a dar la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT) en relación al acuerdo alcanzado entre la Junta de Castilla y León, la patronal CECALE (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) y las centrales sindicales, CCOO y UGT, por el que se decidió privatizar el servicio público de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC).

La firma del III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales en Castilla y León, por parte de CCOO, UGT y CECALE, y su posterior desarrollo con el acuerdo alcanzado por estas organizaciones con la Junta de Castilla y León, implicó en 2016 la privatización de un servicio público: el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

La adopción de este Acuerdo supuso el vaciado de las competencias que hasta ese momento pertenecían al SMAC, pasando en lo sucesivo la resolución de los conflictos laborales de carácter individual a ser administrada por el SERLA (Servicio Regional de Relaciones de Trabajo de Castilla y León). Hasta la fecha el SERLA ya tenía la competencias en materia de conflictos colectivos y huelgas, incrementándose su ámbito de actuación con la entrada en vigor de dicho Acuerdo. Supuso además la pérdida de más de 50 puestos de trabajo del SMAC en Castilla y León, hasta entonces cubiertos por empleados públicos.

Desde su firma, la central anarcosindicalista ha venido oponiéndose y realizando acciones contra esta privatización, por lo que consideran un gasto económico innecesario, entre las que ha estado la denuncia ante los tribunales de justicia.

En este sentido, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha terminado dando la razón a la CGT. Con esta sentencia se pone fin al carácter exclusivo y excluyente de las conciliaciones laborales previas a juicio. Según la CGT, a partir de ahora las trabajadoras y los trabajadores que reclamen un derecho ante una determinada empresa podrán solicitar la mediación previa al juicio en el SMAC.

Por otro lado, CGT también señala que gracias a esta sentencia se ha podido conocer que 10 de los 36 conciliadores designados por UGT, CCOO y Cecale en el SERLA carecen de formación relacionada con las relaciones laborales, incluso tres personas solo cuentan con el título de graduado escolar.

CGT vuelve a señalar la doble moral practicada por algunas organizaciones sindicales en la protección de los servicios públicos y subraya que desde esta organización sindical se continuará trabajando en la defensa de lo público y de lo común.