CCOO teme que puedan existir problemas estructurales en numerosas instalaciones de centros educativos de la provincia de Cádiz

iferentes instalaciones educativas de la provincia de Cádiz están presentando problemas estructurales como se ha evidenciado recientemente en el colegio San Ignacio de San Fernando, un centro que presenta en parte de sus instalaciones situación de ruina técnica según informe del arquitecto encargado del proyecto para la mejora del edificio y en el que se indica que no puede ser rehabilitado. El pasado año hubo problemas en la techumbre de un aula de este mismo centro como los hubo en otros de la provincia, caso, por ejemplo, del colegio Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar en el que 4 escolares sufrieron heridas.

Según informa Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “la causa principal de la situación del Colegio San Ignacio, según el informe técnico, es la mala calidad de los materiales empleados que han generado una excesiva porosidad del cemento, una cuestión que podría repetirse en otros centros educativos de la provincia construidos en la misma época, los años 70.”

Para CCOO es imprescindible que la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz elabore un plan urgente de revisión de las instalaciones educativas de la provincia “No es sólo ya la eliminación del amianto existente en numerosos centros educativos de la provincia, es que lo que está en peligro es la seguridad de las personas”, manifiesta con preocupación Alcón.

Otro caso sangrante es el del colegio Parque del Estrecho de Algeciras en el que sus alumnos tuvieron que comer en los pasillos la comida que se calentaba en otro centro debido a que el mal estado de la techumbre de su gimnasio y comedor hace que se inunden y salte el cuadro eléctrico cuando llueve. Hecho agravado porque la inspección de trabajo ante la denuncia interpuesta por Comisiones Obreras dictó una resolución en la que se instaba a la administración educativa a realizar una serie de reformas para proteger la salud de las trabajadoras y trabajadores del centro, y a la que la Delegación Territorial no ha hecho ningún caso.

El dirigente sindical tacha de falta de responsabilidad que el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la provincia de Cádiz, del que forman parte los delegados y delegadas de prevención de las organizaciones sindicales representativas del profesorado gaditano, no se reúna desde febrero de 2022, cuando debe hacerlo al menos 3 veces por curso escolar, una demanda que ya se le ha solicitado a la Delegación Territorial en reiteradas ocasiones, las últimas por CCOO el pasado abril y por la Junta de Personal docente no universitario de Cádiz en mayo.

CCOO tacha a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz de falta de transparencia y de oscurantismo al no facilitar a los representantes del profesorado los informes técnicos que le consta que ya se han elaborado de diferentes centros educativos de la provincia que presentan problemas en sus instalaciones y exige que todas las edificaciones escolares que tengan una antigüedad mayor de 45 años cuenten con el correspondiente informe de Inspección Técnica de Edificios tal como exige la normativa.

Para Alcón, “tanto la Consejería de Desarrollo Educativo como su Delegación Territorial de Cádiz, deben potenciar un servicio educativo público de calidad porque son los poderes públicos los que tienen la obligación de velar por la educación pública, el mejor garante de la igualdad de oportunidades.”

La central sindical exige la actuación inmediata de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz con un plan urgente de revisión de los edificios de los centros educativos de la provincia y demanda transparencia e información sobre un tema que considera muy grave. Además, exige sin más dilaciones que se convoque el Comité de Seguridad y Salud Laboral y se ofrezca información sobre los correspondientes informes técnicos. “La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz no puede seguir con este oscurantismo por responsabilidad social, política y por exigencia normativa”, finaliza indicando Alcón.