Redacción •  Actualidad •  13/11/2018

La administración se salta la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público al contratar con la empresa Servinform

Esta empresa Sevillana, con una facturación de más de 100 millones de euros y presencia en todo el estado, incumple claramente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, articulo 71 b y d, por las sentencias mencionadas, pero parece que nadie quiere ponerle el cascabel al gato.

La administración se salta la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público al contratar con la empresa Servinform

La Confederación General del Trabajo (CGT) informa en este comunicado de que ha detectado que la empresa Servinform, condenada en el año 2017 en firme por el Tribunal Supremo por atentar a la Libertad sindical de CGT y obligada en otra sentencia a negociar un Plan de Igualdad, (que debía tener desde el año 2007) ha seguido accediendo a distintas licitaciones públicas en 2018 de la administración central y de la Junta de Andalucía, esta última Comunidad por varios millones de euros.

Esta empresa Sevillana, con una facturación de más de 100 millones de euros y presencia en todo el estado, incumple claramente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, articulo 71 b y d, por las sentencias mencionadas, pero parece que nadie quiere ponerle el cascabel al gato.

Por si fuera poco, esta empresa ha iniciado una campaña de acoso sindical para intentar deshacerse de los representantes de CGT y seguir manteniendo las precarias condiciones laborales de sus trabajadores. Tras obtener CGT mayoría absoluta en las elecciones sindicales de Servinform el 4 octubre de 2018 se desató la más absoluta represión sindical, despidiendo a 4  representantes de nuestra organización, tres del comité de empresa y 1 delegado sindical. Todos estos despidos han sido impugnados ante los tribunales alegando vulneración de derechos fundamentales.

Servinform, además de contrataciones públicas es subcontratado por algunas empresas, donde realiza el 63% de los envíos personalizados (facturas, extractos bancarios y mailing diversos) de grandes clientes de la administración, los bancos, las telecos o las energéticas, que llegan a las casas, salen de esta empresa. Todos estos clientes se convierten en cómplices de estas actitudes si miran para otro lado ante estos ataques a la libertad sindical, un valor fundamental de la democracia.

Desde CGT nos estamos poniendo en contacto tanto con administraciones públicas como con empresas privadas para que tomen nota de estas circunstancias y actúen en consecuencia.


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