Presentan moción en el Senado para que recuperar el principio de jurisdicción universal

Joan Comorera, senador barcelonés de En Comú Podem, será el encargado de defender la moción que el próximo miércoles 14 de diciembre el grupo de Unidos Podemos presenta al pleno del Senado. La iniciativa plantea derogar las modificaciones que, el PSOE en 2009 y el PP en 2014, realizaron sobre el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hasta entonces había permitido a los jueces españoles juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, aun cuando tuvieran lugar más allá de nuestras fronteras.

Según el Tribunal Supremo, en el auto 3240/2016 del pasado mes de abril, “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español dada la escasísima posibilidad de que uno de los autores resida habitualmente en España”.

La reforma realizada en 2009 por el PSOE (y que contó con los votos a favor de PP, CiU y PNV) se produce, como varias fuentes reconocen, tras el compromiso alcanzado por la entonces ministra de asuntos exteriores israelí con Miguel Ángel Moratinos, ministro de exteriores con Zapatero, para impedir que militares israelíes pudieran ser juzgados por el bombardeo de Gaza. La reforma realizada por el PP en 2014, aún más restrictiva, cercenó totalmente el principio de jurisdicción internacional, haciendo del todo inviable, por ejemplo, que se juzgara la muerte del periodista español José Couso, fallecido por disparos de soldados estadounidenses. Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, también lamentó en su auto que la reforma de la justicia universal “impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos responsables se hayan refugiado en España”.

La iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone recuperar el artículo relativo a la justicia universal en su redacción original de 1985, que se ajustaba absolutamente a los principios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que apunta que “es deber de todos los Estados ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. Actualmente España, tras las reformas de PSOE y PP, no se ajusta al marco que ofrece la Corte Penal Internacional.

El hecho de que el ordenamiento jurídico español haya sido modificado por presiones de otros estados, tales como Israel o Estados Unidos, ha generado situaciones anómalas en su actual aplicación. Por ejemplo, los delitos internacionales más graves (genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad) están en la práctica exentos de ser juzgados en España, mientras que sí es posible abrir procesos judiciales respecto a delitos de segundo grado, de tal forma que hay víctimas de primer y segundo orden. Las modificaciones realizadas tienen además otros daños colaterales sobre, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico internacional, puesto que los barcos cargados con droga que naveguen por aguas internacionales próximas al territorio español no pueden ser apresados, a menos que lleven bandera española, tengan tripulantes españoles o el barco en cuestión haya comunicado su intención de dirigirse a suelo español.

Control al Gobierno

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea aprovechará la sesión de control al Gobierno, prevista para mañana martes, para trasladar al Ejecutivo una interpelación y tres preguntas. La senadora vasca Pilar Garrido, que forma parte del recién formado Grupo Vasco Podemos Euskal Taldea, preguntará al Gobierno por su voluntad de tomar medidas para prohibir la venta de viviendas sociales a fondos buitres e interpelará también al Ejecutivo sobre las políticas a desarrollar para lograr un mejor encaje constitucional de las regiones y naciones que conforman el Estado Español. La senadora valenciana Pilar Lima cuestionará al Ejecutivo sobre las medidas que piensa adoptar para el reconocimiento de las lenguas de signos españolas y para la implementación de medidas de apoyo a las personas sordas, sordociegas y a las personas con discapacidad auditiva. El senador barcelonés Óscar Guardingo preguntará al Gobierno por las razones que han motivado la imprevista subida del desempleo durante el mes de noviembre.