El Tribunal Superior de Justicia admite a trámite el recurso contra la Operación Chamartín

Madrid, 13 de diciembre de 2018. Mediante decreto de fecha 20 de noviembre de 2018, comunicado recientemente a las partes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admite a trámite el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y la FRAVM, con fecha 16 de noviembre, contra la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, por la que se define la operación urbanística Madrid Nuevo Norte u Operación Chamartín.

El pasado 5 de diciembre finalizó el plazo de información pública, establecido por el Ayuntamiento de Madrid, para presentar alegaciones a la Operación. Se han presentado 3.500 escritos de oposición pidiendo la retirada del expediente. Nunca antes, un proyecto urbanístico, había generado tanta oposición vecinal y ecologista, en la ciudad de Madrid. El plan para el desarrollo de la operación que aprobó inicialmente la corporación municipal de Ana Botella en 2015, muy similar al actual, recabó 2.200 alegaciones.

La FRAVM y Ecologistas en Acción, además de presentar alegaciones ante el Ayuntamiento de Madrid, previendo que serán desestimadas, también han recurrido el proyecto ante la Justicia. El objetivo es lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado inicialmente porque es innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias. Todo ello para beneficiar el interés privado.

Madrid Nuevo Norte supone la transformación de 3,3 millones de metros cuadrados de suelo, al norte de la ciudad de Madrid. Una superficie que equivale a tres veces el parque de El Retiro. Este ámbito está atravesado de norte a sur por la red ferroviaria. Aunque el 80% del suelo es de titularidad pública (Adif, Ministerio de Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Canal de Isabel II y Empresa Municipal de Transportes), el aprovechamiento lucrativo está en manos de la entidad privada denominada Distrito Castellana Norte (DCN) formada por el BBVA y la constructora San José.

Sobre este ámbito está prevista la construcción, entre el nudo norte y la estación de Chamartín, de 22 torres de similares dimensiones a las cuatro existentes en la Plaza de Castilla. Todas para uso de oficinas y comercial. Al norte de la M-30 se localizan la mayoría de las 10.700 viviendas previstas.

Este enorme volumen constructivo beneficia especialmente a DCN, mientras que el interés general se ve mermado porque las cesiones de suelo para la construcción de dotaciones públicas y zonas verdes está por debajo de los estándares mínimos que establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para los suelos considerados como urbanizables. Es decir, la Operación Chamartín supone la primacía del interés privado de DCN ante el interés público.

Tampoco se contempla la construcción de vivienda pública social y las viviendas con algún tipo de protección (VPPL y VPPB) están por debajo del mínimo contemplado, tanto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como en la Ley de Suelo estatal. El proyecto destina a este tipo de vivienda el 20% de la edificabilidad residencial, mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30% en suelos urbanizables.

Una cuestión clave en el proyecto, a juicio de ambos colectivos, es la losa de hormigón de 20 hectáreas (superficie equivalente a 20 campos de fútbol) que se pretende construir sobre las vías de tren, junto a la estación de Chamartín, para ubicar las zonas verdes. Las zonas verdes deben ir sobre el suelo natural, no sobre una losa de hormigón. Sin embargo, el colocar las zonas verdes de cesión en una losa permite a DCN construir más sobre el suelo natural. Es decir, una vez más se antepone el interés privado del BBVA sobre la calidad de vida de las personas.

Madrid Nuevo Norte tampoco respeta dos vías pecuarias que pasan por el ámbito, el Cordel Camino de la Cuerda y el Cordel de la Carretera de Miraflores. Estos caminos públicos, propiedad de la Comunidad de Madrid, deben conservarse. Sin embargo, en este caso, la beneficiaria vuelve a ser DCN porque los usa como terrenos lucrativos, sobre los que construir.

Estos motivos son lo suficientemente graves como para que Ecologistas en Acción y la FRAVM hayan tomado la decisión de recurrir el proyecto al TSJM. Ambos colectivos lamentan tener que judicializar una actuación urbanística más, pero el Ayuntamiento de Madrid (que ha antepuesto el interés privado de DCN sobre el del vecindario y el medio ambiente) y el Ministerio de Fomento (que ni siquiera ha respondido a las solicitudes de interlocución) no les han dejado otra posibilidad.