«Sin citas no hay derechos»: Solicitantes de protección internacional sin derecho a serlo registran quejas dirigidas al defensor del Pueblo y se concentran frente al Ministerio del Interior

Comunicado Red Solidaria de Acogida

Madrid, 13 de diciembre de 2022. Somos solicitantes de protección internacional sin derecho a serlo: España incumple su obligación de proteger al no facilitar el acceso a la solicitud de protección internacional. Debido a ello, el día 13 de diciembre, registramos nuestras quejas en el Defensor del Pueblo (11h) para posteriormente concentrarnos frente al Ministerio del Interior denunciando esta vulneración de derechos (12,30h).

LOS PROBLEMAS

Solicitar protección internacional (asilo) debería ser tan sencillo como poder manifestarlo, iniciando un proceso que conduzca al estudio de la solicitud y, cuando fuese necesario, a la aplicación de medidas de protección, acogida y acompañamiento específicas para la persona o familia. Para solicitarlo, en España, existe desde la pandemia un sistema de cita previa online, donde desde hace meses no existe la posibilidad de obtener nunca cita. Para conseguirla, muchas personas se conectan horas y horas durante días, semanas y hasta meses, sin lograrlo. Otras, con más recursos, o endeudándose, son capaces de pagar a personas privadas para que “les consigan una”, que además puede ser a gran distancia de donde está la persona. La falta de accesibilidad a las citas está favoreciendo el mercado negro y la corrupción.

Una vez se produce la cita, ésta se realiza en comisarías de policía, por personal de la Policía Nacional, en ocasiones incluso se obliga al aporte de certificado de empadronamiento, cuando esto no es obligatorio para una persona que está solicitando asilo. El personal de policía, no es necesariamente el mejor para atender a personas que puedan haber tenido dificultades con cuerpos y fuerzas de seguridad de su estado o de otros, induciendo en algunas ocasiones miedo o sensación de estar ante un interrogatorio, como si de culpables se tratase.

LAS CONSECUENCIAS

No poder solicitar protección internacional hace que una persona se quede en un ámbito de vulnerabilidad e impunidad que, además de atentar a los Derechos Humanos, inciden en el futuro a quien pretende solicitar dicha protección.

Primero, la persona queda desprotegida: se queda en una situación de irregularidad administrativa, sin papeles, con el riesgo y la dificultad vital en sí que eso supone. Además, como no le hemos dado la oportunidad de decir el riesgo que corre en su país, es alguien a quien se podría deportar a éste, cuando justamente es de donde ha intentado huir. Por supuesto, es alguien sin acceso a un programa específico de atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, que incluye desde apoyo jurídico profesional y gratuito, hasta un programa de acogida transitorio, apoyo psicológico o acompañamiento psicosocial para una nueva vida en un país, una cultura y/o un idioma distintos. Esa persona, tampoco podrá acceder al sistema sanitario, o se le atenderá facturándole su atención, cuando debería tener derecho a ella. Agravándose la situación porque muchas de ellas vienen con traumas y secuelas, o con procesos desatendidos o empeorados como consecuencia de las penurias de la huida, del viaje, del proceso o incluso de su estancia en España.

Entre quienes escribimos esto, hay quienes hemos agotado nuestros recursos; quienes vivimos alquilando una cama, un trozo de salón, un sofá; quienes nos hemos expuesto a situaciones de peligrosidad por no haber tenido suficiente dinero para tener un lugar protegido; quienes, incluso, estamos sin hogar y hemos necesitado de ser acogidos o acogidas en casas, en parroquias o en centros de acogida para personas sin hogar, cuando había espacio (no siempre lo hay). El sufrimiento innecesario que esto provoca no es sólo una cuestión moral, sino una ilegalidad por parte de un Estado como España que se ha marcado a sí mismo en su legislación la obligación de proteger a personas que necesiten solicitar protección internacional.

LO QUE PEDIMOS

– Que haya más citas. Las necesarias para adecuarse a los estándares mínimos de protección de Derechos Humanos que el Estado Español dice custodiar.
– Que el procedimiento sea transparente: cuántas citas hay, dónde, en qué fechas se emiten nuevas citaciones.
– Que se dote de recursos para ello, y que no sea en forma de más policías, sino de personal específico y especializado en asilo, con perfil más psicosocial y jurídico, con un adecuado apoyo de intérpretes profesionales capaces de transmitir la historia de la persona. Necesitamos un trato digno y humano.
– Información y protocolos sobre el proceso de la citación y la entrevista, que eviten la posibilidad de corrupción, la arbitrariedad o el abuso de superioridad. Que esto pueda quedar reflejado en soportes jurídicos sólidos, que permitan que el derecho sea efectivo (por ejemplo, redactar un reglamento que desarrolle la Ley de Asilo de 2009).
– Que no haya tratos diferenciales para distintas procedencias. Que el ejemplo de Ucrania sirva para demostrar que el Estado español, si quiere, pone en marcha los recursos necesarios. Todas las personas tenemos los mismos derechos.

SIN CITAS, NO HAY DERECHOS.
No más vidas en suspenso. No más personas desprotegidas.
¡CITAS DE ASILO YA!