El Movimiento Ibérico Antinuclear denuncia las falsedades de una resolución a favor de las empresas nucleares

La proposición no de ley contra el calendario de cierre de las centrales nucleares ha sido aprobada por una diferencia de siete votos en sesión parlamentaria y se basa en asunciones falsas sobre la realidad del parque nuclear del país. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, la exigencia de que se prolongue el funcionamiento de las centrales más allá de los 40 años para los que fueron diseñados menosprecia el incremento de riesgo de operar con sistemas envejecidos. Por muy detallados que sean las inspecciones y actualizaciones de equipos, sistemas críticos como el núcleo del reactor o la contención no pueden renovarse. Los dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes ya han superado ese límite, y Ascó II lo hará a mediados del próximo año. 

En todo caso, la extensión de vida exige inversiones millonarias de las empresas propietarias para cumplir con los condicionantes de las autorizaciones. Si acordaron voluntariamente un plan de cierre en 2019 fue considerando su balance de beneficios, y decidieron que no compensaba. Aunque no hay información sobre el alcance de estos costes en España, se sabe que la prolongación por 10 años de dos reactores belgas de potencia equiparables a Almaraz, Doel 4 y Tihange 3, costará hasta 2.500 millones de euros. Sin olvidar el caso de la renovación de Garoña (menos de la mitad de potente que Almaraz) por otros 10 años, que implicaba la inversión de más de 200 millones de euros. 

El papel de PP, Vox y UPN en el parlamento ha sido el de servidores de las empresas para forzar una reducción de las tasas e impuestos que corresponden a la actividad nuclear. El problema no es que sean demasiado altos, sino que la electricidad nuclear no es competitiva y pretende que el Estado la subvencione con bajas de impuestos. ERC y Junts con su abstención defienden una postura cínica que antepone los intereses empresariales a los de la ciudadanía. El cierre nuclear es necesario para conseguir una transición energética que vaya más allá de las palabras, que sea justa y participativa, que respete la biodiversidad y que sea solidaria.

“Si no fuera tan trágico resultaría cómico que el diputado del PP que defendió la propuesta hablara de la dependencia del gas ruso por parte del Estado español, cuando el 30% del uranio que las centrales nucleares del Estado utilizan para fabricar el combustible que necesitan es precisamente ruso”, han declarado desde el Movimiento Ibérico Antinuclear.

Los residuos radiactivos de alta actividad, el combustible gastado, que produce el parque nuclear aumentan del orden de 125 toneladas de uranio por año de funcionamiento. Por tanto la gestión de residuos se encarece al prolongar la operación. La aportación de las empresas nucleares para su gestión debe crecer, no reducirse. La tasa sobre la electricidad nuclear, con la que se financia el Fondo de Residuos Radiactivos, se ha incrementado en un 30% desde 2019, una cantidad insuficiente para asegurar que el Estado no tenga que poner dinero para esa gestión cuando las centrales ya estén cerradas. No se puede olvidar que hasta el año 2005 las empresas no pagaron por sus residuos, lo hizo la ciudadanía en su recibo de la luz.

Las nucleares también emiten CO ₂ . Las recargas de combustible conllevan emisiones. Todos los procesos para disponer de una pastilla de uranio (de la minería al enriquecimiento de uranio y sus transportes) requieren el uso de combustibles fósiles. Más la construcción, clausura de la central y el tratamiento de sus residuos radiactivos. Esas emisiones se cifran en aproximadamente un 15% de las de una central de gas en ciclo combinado de la misma potencia. Pero son un 600% superiores a las de la eólica. El Movimiento Ibérico Antinuclear exige que los representantes políticos defiendan a la ciudadanía y no los intereses de las empresas. Es necesario un cierre ordenado pero urgente de la potencia nuclear.