“Ante la subida de los precios, es necesario subir los salarios y que las ayudas lleguen a los hogares sin ingresos laborales”
El IPC subió 5 décimas en mayo, un aumento del 2,7% en el último año, su nivel más alto desde febrero de 2017, debido especialmente al incremento de los precios de carburantes y combustibles y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Ante el incremento de los precios de bienes y servicios imprescindibles, como los alimentos o el más reciente de la electricidad, que desborda la subida salarial pactada para 2021, la secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana ha demandado “el incremento del SMI, congelado este año por decisión del Gobierno, flexibilizar el acceso a ayudas de protección social (el IMV) y generalizar en los convenios las clausulas de salvaguardia salarial para proteger el poder adquisitivo”.
En mayo la variación del IPC alcanza el 2,7% interanual, su nivel más alto desde febrero de 2017, 5 décimas más que en abril, teniendo en cuenta que se compara con mayo de 2020, cuando los precios caían con fuerza al inicio de la pandemia. En la subida de mayo de este año destaca la subida de carburantes y combustibles y de los alimentos y bebidas no alcohólicas frente a las bajadas del año pasado. La inflación subyacente sube dos décimas hasta el 0,2% interanual, y la diferencia con el índice general de precios se sitúa en 2,5 puntos porcentuales.
Se puede hablar de una inflación dual en el caso de los hogares con menores ingresos, ya que los bienes y servicios que concentran su cesta de la compra, especialmente alimentos y bebidas y suministros básicos de la vivienda, se han encarecido desde el inicio de la pandemia. En los últimos años, la electricidad, el gas y otros suministros básicos acumulan subidas muy superiores a la media, erosionando el poder adquisitivo de los hogares.
La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, advierte de que ha aumentado el número de hogares pobres durante la pandemia (hay más de 610.000 hogares sin ningún ingreso laboral) y de que el encarecimiento de los bienes y servicios imprescindibles para los hogares (alimentos, electricidad, gasolina) impacta más en los hogares con menos ingresos por su mayor peso en la cesta de la compra.
Las medidas de protección extraordinarias adoptadas por el gobierno, en especial el Ingreso Mínimo Vital, no están llegando a quienes lo necesitan, ya que “un año después de su aprobación, solo alcanza al 30,5% de los hogares potenciales, como consecuencia del alto grado de exigencia en la justificación administrativa para conseguirlo», señala.
Ante esta situación, CCOO considera necesario que el acceso al IMV se flexibilice para que llegue a las personas que lo necesitan; la subida del SMI, ya que su congelación ha lastrado el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos; que se generalicen cláusulas de garantía en los convenios colectivos y avanzar en el derecho a una vivienda digna y asequible a través del desarrollo de un parque público de alquiler y la regulación del mercado del alquiler limitando los precios máximos en las zonas tensionadas, entre otras medidas.
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