Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía por EQUO VERDES

13/07/2020.- El partido ecologista EQUO VERDES Andalucía ha aprovechado el trámite de información que marca la tramitación reglamentaria para presentar alegaciones al polémico Anteproyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía porque entre otras razones, según declaran los verdes andaluces, pretende acabar con una figura tan importante como es la participación ciudadana a través de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental, instrumento éste que está reconocido como de vital importancia por la legislación vigente tanto a nivel nacional como de la Unión Europea.

“El Gobierno de la Junta, declara Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Verdes Andalucía, alega un motivo de seguridad jurídica cuando este principio se configura como un principio de buena regulación y la buena regulación se encuentra directamente relacionada con que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas; por tanto, lo contrario a lo que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía que aprovechando un periodo de emergencia sanitaria y en pleno estado de alarma, ha tramitado y convalidado un Decreto que afecta a la modificación de 21 leyes y 6 decretos con un reducido número de parlamentarios a causa del estado de alarma sanitario en el que se encontraba inmerso todo el estado.”

Según el partido verde andaluz, el argumento utilizado por el Gobierno de PP y C’s de agilizar trámites administrativos no puede en ningún caso servir para eliminar la participación pública y mucho menos para acabar con la prevención de posibles repercusiones ambientales, cuando no directamente legalizar y dar por buenas edificaciones y planeamientos que han sido declarados nulos.

Es de destacar, según informan desde EQUO Verdes Andalucía, la cantidad y la importancia de las leyes modificadas por este anteproyecto, entre las que destacan la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), Ley del Sector Público de Andalucía así como la Ley de medidas frente al cambio climático además de modificar el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y el Reglamento de vertidos al dominio público hidráulico y al público marítimo-terrestre y del mismo modo se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de actuación en suelo no urbanizable.

En sus alegaciones el partido EQUO destaca que se facilita la regularización de edificaciones contrarias a la legalidad urbanística hecho que resulta radicalmente opuesto a la doctrina del TS totalmente contrario a esta práctica considerando que las obras así llevadas a cabo seguirán siendo ilegales por disconformes con la ordenación urbanística aplicable. De admitirse la «sanación» de la ilegalidad por el mero transcurso del tiempo se estaría admitiendo la adquisición de facultades urbanísticas contra norma, lo que choca frontalmente con la doctrina jurisprudencial de que «no se podían adquirir licencias por silencio administrativo en contra de la ordenación territorial o urbanística”.

Asimismo se destaca en las alegaciones presentadas que no se puede pasar por alto la necesaria evaluación ambiental estratégica que la ley exige para aquellos planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos que se refieran sectores básicos como son la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo, así como a aquellos que afectes a espacios comprendidos en la Red Natura 2000.

Del mismo modo, concluyen en su escrito, la exclusión de ciertos planes urbanísticos, se hace fuera de las competencias que le corresponden a la Junta y contravienen normativa ambiental de efectiva aplicación, habiendo resultado acreditado por nuestra máxima instancia judicial que los estudios y planes menores urbanísticos sí tienen efecto sobre el medio ambiente y que éste es una competencia legislativa del estado.

Todas estas actuaciones y modificaciones que pretende el Gobierno de la Junta, pretenden la exclusión en la tramitación de esos planes de la evaluación ambiental estratégica prescrita por las normas estatales y supone, por sí misma, la reducción de los niveles mínimos de protección establecidos por la legislación básica, con la consiguiente vulneración de la competencia estatal en materia de medio ambiente.