“La caída de la tasa de cobertura a las personas en paro ha servido para financiar la rebaja de impuestos del Gobierno”

En el mes de junio de 2016, el gasto en protección al desempleo bajó el 10% en comparación con el mismo mes de 2015, de forma que la caída supera el 41 % en comparación con 2012. Recorte a recorte, la tasa de cobertura bruta se sitúa en el 55,1 %, con un descenso del 1,1% en comparación con el año anterior y un descenso muy superior (-32%) en relación a su valor máximo alcanzado en 2010, cuando llegó al 81%, según los datos del Servicio de Empleo Público. Tanto la prestación media percibida (761,2 euros mensuales) como la prestación contributiva bruta (780,5 euros) han seguido disminuyendo respecto al mismo mes de 2015.

En lo que llevamos de año el gasto en prestaciones ha caído en más de 1.000 millones de euros, por lo que si se mantiene el mismo ritmo en lo que queda de año, al acabar 2016 el recorte será superior a los 2.500 millones de euros, que hay que añadir a los que ya sufrió el sistema de protección en los dos últimos años. En el año 2015, el gasto en prestaciones se redujo en 3.956 millones de euros en comparación con el año anterior. Como en 2014 ya había caído en 5.000 millones, el resultado acumulado es que en los dos últimos ejercicios el gasto en protección se ha desplomado en 9.000 millones de euros: ese es el recorte que la duración de la crisis, el desempleo de larga duración, la precariedad en las cotizaciones por un lado y los recortes del gobierno de Rajoy con el RDL 20/2012 por otro han causado a nuestro sistema de protección.

“Desde que el PP llegó al gobierno ha empeorado gravemente la protección a las personas en desempleo:la tasa de cobertura se redujo el 23%, el número de parados con prestaciones cayó el 33%, la cuantía del gasto medio por beneficiario es un 14% inferior y los recursos destinados a la protección se han reducido el 40%. Ahora las prestaciones contributivas, las de más calidad, solo representan el 39,6% del total frente al 45% de 2014 y el 50% de 2011. Las prestaciones contributivas siguen disminuyendo y sin embargo han ganado peso dentro del total de prestaciones debido a que el descenso ha sido superior entre las prestaciones no contributivas, lastradas por el derrumbe de las concedidas por el Programa de Activación para el Empleo (-54%)”, señala Ana Herranz, secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO.

En consecuencia, “no es cierto que se gaste menos porque se reduce el número de personas en paro, sino por la caída de la tasa de cobertura, por la disminución del número de beneficiarios, por la reducción de las cuantías y por el incremento de los subsidios en detrimento de las prestaciones contributivas”.

Esta reducción del gasto en la protección por desempleo, junto a la congelación de las pensiones y el recurso al Fondo de Reserva de las pensiones, han servido, denuncia CCOO, “para financiar la rebaja de impuestos del Gobierno y para activar unas subvenciones a la contratación que no sirven para incrementar el empleo indefinido”.

Mejorar la protección a las personas desempleadas

La mejora de la protección a las personas desempleadas es una de las medidas prioritarias que CCOO y UGT reclaman a los partidos políticos en sus 20 Actuaciones urgentes para el progreso y el bienestar social. Los sindicatos consideran que es preciso realizar una reforma integral del sistema de protección por desempleo para hacerlo más inclusivo y extenso. “No puede haber ningún trabajador sin empleo que no perciba una prestación, contributiva o asistencial, y que no reciba formación u orientación para encontrar trabajo. Es necesario también revisar al alza tanto las cuantías de las prestaciones como su duración, y recuperar el subsidio para mayores de 52 años en las condiciones de acceso y garantías anteriores a la pasada legislatura, así como articular mecanismos para que los desempleados de larga duración de más edad puedan alcanzar una pensión de jubilación digna”, proponen.

CCOO y UGT han puesto también en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo. Se trata de una prestación equivalente al 80 % del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

El número potencial de beneficiarios se estima en dos millones de personas, por lo que el coste anual del programa estaría entre un mínimo de 11.000 y un máximo de 17.000 millones de euros, del 1,1 % al 1,7 % del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. “Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80 % del coste del programa. Un gasto necesario, en todo caso, en la situación de grave exclusión y necesidad de muchas familias sin ingresos y que, obviamente, se irá reduciendo de forma progresiva a medida que mejore la situación del empleo y la precariedad.”, declara la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO.