Izquierda Unida León exige que la jerarquía católica pague el IBI en toda la provincia

Familias de toda la provincia van a tener dificultades para hacer frente al pago del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), debido a la situación laboral y económica que sigue afectando gravemente a una parte muy importante de la población de nuestra provincia. Porque León tiene el IBI más caro, tras Madrid y Castellón, donde la media española se sitúa en 315 euros, mientras en León se pagará este año 407,3.

IU considera que es de justicia que todo ciudadano o ciudadana pague el IBI. Pero si se hacen auditorias catastrales para que los vecinos y vecinas de todos los municipios paguen el IBI según sus propiedades, exige igualmente que las Administraciones públicas de toda la provincia haga una auditoría para que la jerarquía católica pague este impuesto por sus propiedades, muchas de ellas inmatriculadas a su nombre cuando eran de patrimonio público y construidas con la colaboración vecinal.

Por eso exige a la Diputación que publique en el portal de Transparencia la relación de bienes inmuebles, urbanos y rústicos exentos de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) indicando cuantía, titular -exceptuando personas físicas- y la norma legal en la que se ampara la medida. Y que, a partir de dicha relación, reclame a la Iglesia Católica que pague el IBI, empezando por las propiedades no dedicadas a funciones de carácter social o pastoral, sino a negocios. Si muchas de sus propiedades están orientadas a la obtención de beneficios, que paguen como todo el mundo.

El acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 1979, establece que la exención de los impuestos no alcanzará a los rendimientos que la Iglesia pudiera obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido. Así se establece también en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que, en junio de 2017, dictaminó que la exención fiscal sobre impuestos municipales –en este caso el ICIO– de que disfruta la Iglesia Católica en España puede ser una ayuda de Estado “ilegal” si las actividades ejercidas tienen naturaleza económica.

En dicha sentencia, que tiene su origen en un litigio entre un colegio de padres escolapios y el Ayuntamiento de Getafe, la Sala del Tribunal recuerda que “constituye una actividad económica toda actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado” y que “el hecho de que la oferta de productos y servicios se haga sin ánimo de lucro no obsta para que la entidad que efectúa tales operaciones en el mercado deba ser considerada una empresa cuando dicha oferta compita con las de otros operadores con ánimo de lucro”.

Es importante que los Ayuntamientos y la Diputación fiscalicen las propiedades no dedicadas a fines religiosos, como viviendas, aparcamientos o locales comerciales para velar por los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad, y para que Hacienda seamos, de verdad, todos y todas.

La exención de impuestos como el IBI afecta enormemente a las arcas municipales de nuestra provincia. Todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos bajo el principio de igualdad. Es por lo que Izquierda Unida considera que la iglesia católica y sus diferentes instituciones religiosas (congregaciones, monasterios, etc.) deben contribuir, igual que el resto de los ciudadanos y ciudadanas, al pago del IBI de sus propiedades, ya que además bastantes de ellas realizan actividades económicas.

Además, según las encuestas oficiales el 80% de la población opina que la Iglesia debe pagar el IBI eliminando estos privilegios legales que distinguen a la Iglesia católica del resto de los mortales, heredados por su apoyo a la dictadura franquista. No puede ser que nos hablen de sacrificios, que nos digan que nos tenemos que apretar el cinturón y, mientras tanto, la jerarquía católica siga teniendo este tipo de privilegios de naturaleza feudal en un estado acofensional.

Pero, además, Izquierda Unida también seguirá exigiendo a nivel autonómico y estatal que se modifique la Ley de Haciendas Locales, la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y autonómicas para lograr una igualdad fiscal y jurídica de la iglesia católica.