Podemos se querellará contra Inda y Riobóo por sus falsas acusaciones en el Senado

Podemos presentará una querella contra Eduardo Inda y Enrique Riobóo por las falsas acusaciones dirigidas contra la formación en el transcurso de la sesión de la Comisión de Financiación Ilegal de Partidos celebrada ayer en el Senado, por lo que su testimonio puede constituir un delito de Falso Testimonio del art. 502.3 del Código Penal.

Durante su comparecencia, emplearon como pruebas documentos cuya falsedad ya ha sido probada. En concreto, Eduardo Inda recurrió a algunos de los documentos que, según las conclusiones emanadas por la Comisión de Investigación sobre la Financiación Ilegal del Partido Popular que se desarrolla en el Congreso de los Diputados, realizó una brigada policial específicamente creada para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción del PP y obstaculizar a adversarios políticos.

Según esas conclusiones, dicha brigada, de la que era responsable el comisario Eugenio Pino, trabajaba en estrecha colaboración con periodistas como Inda y con algunos medios de comunicación, cuyo objeto no era otro sino dañar la imagen pública de Pablo Iglesias. Documentos como el Informe Pisa y el documento del Europacific Bank mostrado ayer por Inda en el Senado son algunos de los ejemplos de esas prácticas de construcción criminal de pruebas.

También Enrique Riobóo es consciente de la falsedad en que incurre su testimonio, en tanto participó también de una de las más de 10 querellas y denuncias relativas a la falsa financiación ilegal de Podemos, Pablo Iglesias y otros dirigentes de la formación que han sido archivadas por los tribunales.

Con estas maniobras, el Partido Popular, considerado por los jueces como organización criminal, con más de 800 imputados, entre los que hay doce exministros, y con la confirmación de que el Presidente del Gobierno cobró de la caja B del Partido Popular, continúa utilizando las instituciones para su beneficio, empleando en el Senado la mayoría absoluta que no tiene en el Congreso para disimular los trabajos de la comisión que investiga en la cámara baja su financiación irregular.