PP y PSOE impiden que en el Senado se apruebe la recuperación de la jurisdicción internacional
Con las reformas realizadas en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, implementadas en 2009 y 2014 por PSOE y PP respectivamente, el ordenamiento jurídico español convirtió el principio de jurisdicción universal en papel mojado. Es decir, los jueces y juezas españolas no tienen desde entonces capacidad de actuación para juzgar delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra más allá de nuestras fronteras, aun cuando las víctimas sean ciudadanos españoles.
Las presiones de países como Israel o China, interesados en que no se juzgaran casos como el bombardeo de Gaza o la represión en Tíbet, motivaron que los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy accedieran a modificar la legislación española. “El Estado debe intentar mantener buenas relaciones con todos los países, pero nunca perdiendo su dignidad ética y política otorgando favores que desnaturalicen nuestros principios democráticos y nuestros valores ¿las relaciones diplomáticas con China o con Israel valen tanto como para dar carpetazo a las investigaciones realizadas por el asesinato del cámara José Couso en Irak o el genocidio en el Tíbet? No suena muy humano. Aquí hemos cambiado Derechos Humanos por Derechos económicos» ha sentenciado Joan Comorera.
Por ello Joan Comorera, senador de En Comú Podem, planteaba en la moción hoy debida la derogación de las modificaciones legales realizadas en 2009 y 2014, para recuperar así el texto original de 1985. “Esta reforma parece establecer víctimas de primera y de segunda categoría”, ha incidido el senador, al privilegiar unas víctimas sobre otras. “La gran contradicción de esta reforma es que, mientras los delitos más graves del Derecho Penal Internacional (como son la lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra) son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, sí cabe encuadrar en nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado, aunque con restricciones que no se daban anteriormente” ha asegurado Comorera. Además, el mandato de la Corte Penal Internacional es, en este sentido, absolutamente claro: “es deber de todos los Estados ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. El Auto 3240/2016 del mismísimo Tribunal Supremo señala una alarmante “restricción sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero”.
Sin embargo, y pese a que todos los Grupos Parlamentarios han reconocido la necesidad de avalar una propuesta que proteja y recupere los Derechos Universales, el voto en contra del PP y del PSOE han hecho que la moción decaiga con solo 47 votos a favor.
Otras mociones
La polémica de la jornada se vivió a última hora del martes, cuando el senador valenciano Ferran Martínez enmendó la moción presentada por el Grupo Socialista para corregir el déficit de recaudación que afecta a las arcas españoles. Ferran Martínez sufrió durante su intervención los abucheos y pataleos reiterados del Grupo Socialista, incapaz de asumir las críticas respecto a su mala gestión durante los primeros años de crisis. Iñaki Bernal, que presentó también enmienda a la moción sobre el techo de gasto que llevaba a pleno el Grupo Mixto, insistió en un mismo argumento: el techo de gasto y el resto de políticas austericidas del PP son consecuencia directa de la modificación del artículo 135 que antaño pactaron PP y PSOE.
A la Moción por la que se insta al Gobierno a la realización de determinadas actuaciones en las carreteras de titularidad estatal de la red viaria catalana presentada por el Grupo Parlamentario de ERC, María Freixanet presentó una enmienda encaminada a solucionar problemas de movilidad que padecen los vecinos y vecinas de la comarca del Maresme. La enmienda, que fue aceptada, sirvió para poco, pues el Partido Popular impuso el rodillo de su mayoría absoluta para bloquear la iniciativa. El senador vasco Josetxo Arrieta también ha defendido una enmienda a la moción sobre educación universitaria del Partido Popular. Arrieta ha reivindicado que cualquier Ley en el ámbito educativo tiene que realizarse con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, contrariamente a lo que el Partido Popular ha practicado durante los últimos años. Asimismo, ha reivindicado una política de becas eficaz que permita que los y las jóvenes de nuestro país puedan acceder a la educación superior. La senadora valenciana Pilar Lima también ha presentado enmiendas a la moción del PP sobre acoso escolar. Lima ha recordado al Grupo Parlamentario Popular que su gobierno puso ya en marcha un Plan Nacional en 2015-2016 con 70 medidas del que únicamente se han cumplido 2.
El grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha apoyado la firma del Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Sara Vilà, senadora de En Comú Podem, ha sido la encargada de dar el apoyo positivo, aunque ha recriminado al Gobierno Rajoy que durante meses haya retrasado su firma alegando que se encontraba en funciones, cuando sí que ratificó el CETA (tratado de libre comercio) aun cuando se encontraba en la misma situación de interinidad. Vilà también ha pedido al Gobierno compromisos más firmes en defensa del Medio Ambiente y en la lucha contra el Cambio Climático.
Control al Gobierno
En este Pleno, el Grupo del Cambio ha llevado a cabo tres preguntas en la sesión de control del Gobierno. Pilar Lima ha interpelado al Gobierno sobre las actuaciones que tiene previstas para desarrollar la Ley 27/2007, de 23 de octubre, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. La senadora Pilar Garrido ha preguntado al Gobierno si va a aprobar en esta legislatura alguna medida para impedir la venta del escaso parque de vivienda social a los denominados fondos buitre y proteger a sus inquilinos Y Óscar Guardingo, por su parte, ha pedido explicaciones al Gobierno por el aumento de la tasa de desempleo en el mes de noviembre.
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