IU denuncia ante la UE el ataque con una granada a un centro de menores y el abandono a las personas demandantes de asilo en Madrid
La portavoz en el Parlamento Europeo, Sira Rego, avisa de los constantes incumplimientos de la Directiva de Acogida por parte del Estado y la inacción de la Comunidad y del Ayuntamiento. Pide a la Comisión Europea medidas concretas para acabar con los ataques xenófobos y racistas contra las personas migrantes y, en especial, contra los menores no acompañados, objetivo de las derechas y la extrema derecha durante la última campaña electoral.
La eurodiputada de Izquierda Unida por Unidas Podemos Sira Rego ha denunciado ante la Unión Europea el ataque con una granada contra el Centro de Primera Acogida del madrileño barrio de Hortaleza y ha solicitado a la UE que revise la implementación que está haciendo España de la Directiva de Acogida, ante la grave situación que están sufriendo centenares de personas solicitantes de asilo en Madrid, obligadas a dormir en la calle.
En una primera pregunta a la Comisión Europea, Rego explica lo ocurrido en el Centro de menores de Hortaleza, donde el pasado día cuatro los Tedax detonaron una granada fusil que había sido lanzada dentro del recinto en una bolsa de plástico. Ese centro, recuerda “sufrió el pasado mes de octubre un intento de asalto y ha sido objeto de ataques xenófobos”.
El partido de extrema derecha VOX hizo de las instalaciones de Hortaleza uno de los objetivos durante la pasada campaña electoral en el marco de su cruzada contra los Menores Extranjeros no Acompañados. Tanto el líder de esa formación, Santiago Abascal, como su portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, señalaron directamente a los niños como los responsables de una supuesta oleada de miedo en el barrio.
“La campaña de la extrema derecha contra las personas migrantes debe tener consecuencias. No se puede seguir normalizando el discurso de odio que extiende VOX en nuestros barrios. Esperamos que la investigación llegue hasta el fondo de lo que ha ocurrido aquí”, señala la portavoz de IU en Bruselas.
Rego recuerda que en dicho centro “son los menores de origen extranjero los que sufren los ataques racistas más virulentos por parte de la extrema derecha” y que esto en sí mismo es un atentado “contra los principios de la Convención de los Derechos del niño y la niña, así como los artículos 21 y 24 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”. En su pregunta, reclama “medidas para que cesen estos discursos de odio” y que se le recuerde a las autoridades españolas “su deber de protección de los menores en situaciones de riesgo, independientemente de su origen”.
Además, en otra pregunta parlamentaria, la eurodiputada de IU traslada las denuncias del Defensor del Pueblo y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado por la falta de medios humanos, técnicos y procedimentales para tramitar y atender las solicitudes de protección internacional en España.
“La inacción del Ministerio del Interior pone de manifiesto la incapacidad del sistema para atender a las personas que llegan a España pidiendo protección, que quedan abandonadas en las calles de Madrid esperando ser atendidas. El Ayuntamiento de Madrid tampoco garantiza que estas personas, en ocasiones menores, puedan acceder a sus derechos, empezando por un lugar donde vivir”, escribe en referencia al más de un centenar de personas que desde hace dos meses duerme en la calle o en refugios improvisados como el de la parroquia de San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías.
“Resulta incomprensible que ni el Ministerio del Interior, ni el Ayuntamiento, ni la Comunidad de Madrid hayan solucionado este problema y que, mientras estas personas se ven obligadas a vivir a la intemperie, se sigan pasando la pelota los unos a los otros. España está incumpliendo sus obligaciones internacionales, igual que Madrid, y la Comisión Europea debe tomar partido”, apunta.
En concreto, España estaría vulnerando “los artículos 17, 19 y 23 de la Directiva 2013/33/UE, por la que los Estados miembros deben disponer de las condiciones materiales de acogida, proporcionando a los solicitantes de protección internacional un nivel de vida adecuado que garantice la subsistencia y la protección de su salud física y psíquica”.