Ecologistas en Acción solicita la personación en los expedientes de legalización del chalé de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros

La vivienda de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros lleva desde el año 2013 envuelta en un laberinto de expedientes administrativos. Esta deriva está permitiendo a la pareja de diputados de Vox eludir las resoluciones de cese, clausura y precinto dictadas por el Ayuntamiento de Madrid, desde 2014, a pesar de carecer de licencia de primera ocupación y funcionamiento. Por ello, habitar y desarrollar actividad en esa vivienda es ilegal y no debería permitirse, en tanto no se regularice la situación.

Pero legalizar la vivienda no es tarea fácil porque además de carecer de la preceptiva licencia de primera ocupación, el chalé diseñado por la arquitecta Rocío Monasterio no se ajusta a la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Madrid en 2011. Precisamente esta es la razón por la que no se les concede licencia de primera ocupación. No se puede conceder licencia de ocupación a una edificación realizada sin ajustarse a la previa licencia de obra. De hecho construir sin ajustarse a la licencia de obra está considerada como infracción grave por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y de las Normas Urbanísticas del Plan General de Madrid y, en caso de no ser autorizable, podría constituir delito contra la ordenación del territorio.

El chalé de tres plantas, torreón, sótano y piscina en la cubierta tiene más superficie y más volumen del autorizado en la licencia de obra. Por ello, las únicas soluciones son demoler el exceso construido o que el consistorio modifique la licencia de obra concedida en 2011 y la adapte a lo construido. Esta segunda es la opción elegida por Espinosa de los Monteros. El pasado 4 de octubre solicitó la modificación de licencia y así eludió por quinta vez, la orden de precinto, fijada por el Ayuntamiento para el 8 de octubre de 2019.

Ante estos antecedentes, Ecologistas en Acción, basándose en la Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, el pasado viernes, ha solicitado la personación en el expediente de modificación de licencia y en el de concesión de licencia de primera ocupación. La organización quiere comprobar que los expedientes se resuelven ajustándose a la legalidad y sin trato de favor y tener el derecho de presentar alegaciones, en caso de detectar irregularidades. Todo ello porque la intervención del delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la Comisión del pasado 20 de noviembre preocupó a la organización. Consideran que los intereses políticos podrían imponerse a la legalidad urbanística.

No es la primera vez que la pareja de Vox burla los procedimientos administrativos. Desde 2013, cuando la empresa constructora denunció la situación de irregularidad de la vivienda, Monasterio y Espinosa de los Monteros han eludido hasta cinco veces las órdenes de cese, clausura o precinto de su vivienda. La forma de actuar es siempre la misma, presentan la solicitud de licencia de primera ocupación pero sin la documentación necesaria, el Ayuntamiento les requiere para que subsanen las deficiencias, pero la pareja de diputados nunca lo hace. Por ello, el Ayuntamiento declara la caducidad de la solicitud y retoma el expediente sancionador por el que ordena el precinto de la vivienda. En ese momento vuelven a solicitar la licencia de primera ocupación que paraliza la tramitación del precinto, pero la documentación vuelve a ser incompleta, reiniciándose el bucle de requerimientos del consistorio. Estos ciclos se llevan repitiendo desde 2014, habiendo presentado solicitudes en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019.