Carmen Molina preguntará en el Parlamento por el control de las emisiones de la cementera de Alcalá de Guadaíra

La diputada de EQUO en el grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Molina, intervendrá este jueves en el pleno del Parlamento andaluz con una pregunta oral en la que interpela al Consejo de Gobierno acerca de los controles a los que piensa someter a la fábrica de Cementos Portland Valverrivas, ubicada en Alcalá de Guadaíra, respecto a su actividad.

En concreto, Molina cuestiona a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio sobre si tiene previsto incluir la fábrica en algún Plan de Inspección Medioambiental para comprobar que la misma se ajusta a las determinaciones de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales.

En este sentido, cabe recordar que Cementos Portland Valderrivas tuvo que adaptar su Autorización Ambiental Integrada –concedida en 2006- a esta Directiva europea, que obliga a abordar aspectos tan importantes como las actuaciones del promotor en caso de incidentes y/o accidentes en la instalación, la aplicación de la jerarquía de los residuos, las medidas a adoptar en los arranque y paradas, o el control sobre el suelo y las aguas subterráneas, entre otros asuntos. Sin embargo, según detalla la parlamentaria andaluza en su exposición de motivos, la actualización de la autorización a Cementos Portland Valderrivas, aprobada el 11 de noviembre de 2016 y publicada un mes más tarde, no recoge todos los aspectos a los que obliga la normativa. Así, por ejemplo, “no incluye los valores límite de emisión que establece la Directiva cuando la instalación incinera residuos”, pese a que la factoría cuenta con el visto bueno para incinerar hasta 292.000 toneladas al año de diferentes tipos de residuos para usarlo como combustible.

“Por ello, consideramos que la adecuación de la Autorización Ambiental Integrada de la cementera de Alcalá de Guadaíra resulta insuficiente, ya que las instalaciones cuya AAI han sido actualizadas deben estar cubiertas por un plan de inspección”, ha explicado Molina, que ha recordado el amplio rechazo social con el que cuenta la actividad de la incineración, “aunque gusten usar el término valorización energética para referirse al uso de Combustible Derivado de Residuos (CDR) en la quema en cementera. Lo llamen como lo llamen, es una actividad que supone riesgos para la salud de las poblaciones cercanas además de perjudicar a sectores como la agricultura y la ganadería o el turismo, que se verán afectados por el aumento de las emisiones”.

“Ya venimos denunciando que la única justificación para convertir las cementeras en incineradoras es seguir incrementando los beneficios de la empresa sin tener en cuenta los perjuicios para la ciudadanía y otros sectores. Pero no pueden pretender hacerlo eludiendo la ley con la connivencia de la Junta de Andalucía, a la que pensamos exigir un control adecuado que, a la postre, evite la actividad si no se ajusta a la normativa de emisiones industriales”, ha sentenciado Molina.