El Derecho Fundamental a la Huelga en Ayuda a Domicilio cuestionado por ASADE (una de las patronales privadas del sector)

Con argumentos tan peregrinos como que se trataba de una huelga política, ASADE ha puesto en marcha la maquinaria de la justicia, que ha citado a CGT Andalucía y al Comité de Huelga el próximo día 18 de febrero a las 10h ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Prado de San Sebastián). Desde las 9 CGT ha convocado concentración a las puertas del organismo judicial para recibir como se merece a esa patronal irrespetuosa con los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores.

En Andalucía, CLECE es la empresa con mayor número de concesiones por parte de los ayuntamientos y diputaciones andaluzas para explotar, nunca mejor dicho, el servicio de ayuda a domicilio de pueblos y ciudades, obteniendo millonarios beneficios que basa directamente en precarizar el empleo en el SAD, la mayoría mujeres, abusar de los contratos fraudulentos como por ejemplo ha determinado la inspección de Trabajo de Almería tras denuncias de CGT y establecer condiciones laborales propias de épocas pasadas, despedir embarazadas, etc.

Desde CGT consideramos que el miedo a que se sigan conociendo las condiciones laborales tercermundistas del SAD y a nuestra apuesta decidida por que este servicio se preste directamente desde lo público sin empresas privadas que se lucren con la dependencia en Andalucía, son los motivos políticos que esgrimen en su demanda, dado que ciertamente la clase política es la responsable de la situación casi vejatoria que las personas trabajadoras del SAD padecen y son estos mismos políticos los que tras la presión del colectivo empiezan a tomar conciencia de la situación de pseudoesclavitud que se vive en Ayuda a Domicilio, comenzando a hablar en algunos ámbitos de recuperar estos servicios para que se presten directamente desde los Ayuntamientos, eliminando “empresas buitre” interpuestas y que el 25% del presupuesto que estos se llevan, como mínimo, pueda repercutir directamente sobre quienes realizan el trabajo de atención a nuestros mayores y dependientes, esto directamente serian millones de euros que la patronal privada perdería de sus cuentas de resultados.

ASADE y CLECE con esa demanda de ilegalidad de la huelga pretende callar y amedrentar a CGT y a un colectivo de más de 22000 personas en Andalucía al que quiere mantener en silencio, sumisas y privatizadas, no en vano son muchos millones de euros los que se juegan si el servicio se municipaliza.

La Sección Sindical autonómica de CGT no se va a dejar amedrentar por quienes solo ven en las personas del SAD a máquinas de generarles dinero y no a trabajadoras/es con derechos, dignidad y cualificación profesional.

Cabe recordar los siete motivos principales que nos llevaron a la huelga el pasado 27 de noviembre y por los que seguimos luchando.

1. a)Dotación de EPI´S suficientes, de calidad y homologados a todas las trabajadoras/es del sector como los que están preceptuados para el personal actualmente considerado sociosanitario.
2. b)Eliminación de las contratas y subcontratas del SAD, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que sin exponer absolutamente nada se enriquecen a costa de los presupuestos públicos.
3. c)Adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto.
4. d)Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social.
5. e)Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10€/h.
6. f)Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35h semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25h semanales.
7. g)Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada.

A lo que sumamos la solicitud de cese en la discriminación al colectivo y que al igual que el personal sanitario se les considere enfermedad profesional el haberse contagiado por COVID.