Comienza la gira de pescadores peruanos afectados por el vertido de Repsol

Dos pescadores afectados por el vertido de Repsol en Ventanilla (Perú) hace un año recorrerán, del 14 de febrero al 3 de marzo, seis ciudades del Estado español en el marco de una gira organizada por la Asociación Entrepueblos y CooperAcción (asociación civil peruana dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos y ambientales), con la colaboración de Ecologistas en Acción y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Zenón Gallegos y Luis Antonio Díaz, pescadores artesanales y dirigentes de las asociaciones de pescadores de Chancay y Aucallama, junto al sociólogo peruano Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, se reunirán en Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao y A Coruña con representantes políticos y de la sociedad civil. Su objetivo: reivindicar justicia y reparación para las personas afectadas por el derrame de Repsol y sus familias -unas 51.000 personas según datos de CooperAcción Perú-, así como la restitución de los ecosistemas dañados en las 11.060 hectáreas afectadas por el vertido.

El vertido de más de 10.000 barriles de petróleo en las costas peruanas ha causado un gran impacto socioeconómico en la pesca, el comercio y el turismo, las principales ocupaciones de la zona. Además, se han visto afectadas 900 especies animales, algunas en peligro de extinción como la nutria marina o el pingüino de Humboldt, 48 playas y dos áreas naturales protegidas.

Repsol tiene abiertos 13 procesos administrativos

Inicialmente la empresa comunicó a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2,5 metros cuadrados. RELAPSA, empresa subsidiaria de Repsol, comunicó inicialmente a las autoridades que solo se habían vertido siete galones (0.16 barriles de petróleo) y que el área afectada era de apenas 2,5 metros cuadrados. Igualmente indicó que el desastre fue causado por el oleaje anómalo debido a la erupción de un volcán en Tonga, tesis que fue desmentida por informes técnicos y datos meteorológicos.

Durante las semanas previas a cumplirse un año del derrame, la empresa publicó una serie de comunicados señalando que prácticamente todos los problemas generados por el derrame habían sido solucionados. Sin embargo, las autoridades peruanas siguen reportando 71 áreas afectadas.

En la actualidad, Repsol afronta 13 procesos administrativos sancionadores por parte de las autoridades peruanas. De ellos, cuatro se deben al incumplimiento de medidas administrativas, uno a incluir información falsa en el informe de emergencia, otro a no remitir información solicitada por el organismo, y otro más a no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

Repsol intentó que las asociaciones de pescadores afectados no pudieran personarse como parte en las demandas. Además, aprovechando la situación económica desesperada de la población afectada y la falta de apoyo de las autoridades peruanas, está llevando a cabo una estrategia basada en pagar cantidades irrisorias en concepto de anticipo a quienes renuncien a interponer demandas.

Reparar los daños y exigir responsabilidades

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los daños por el derrame afectarán a la costa peruana entre seis y diez años.

Según el Observatorio de la Sostenibilidad, Repsol es la principal empresa emisora de gases de efecto invernadero del Estado español. Como el resto de empresas del Ibex35, Repsol ha contado durante décadas con el apoyo incondicional de todo el aparato de la diplomacia española para extender internacionalmente sus inversiones, maximizando beneficios y disfrutando de impunidad.

La propia refinería de Ventanilla, responsable de este vertido, se amplió en 2017 con un crédito asegurado por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), empresa con mayoría de capital público. Además, fue Felipe VI quien presidió su inauguración en noviembre de 2018.

En las últimas décadas, la regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos y el planeta ha sido una cuestión central en la agenda de numerosas organizaciones indígenas, campesinas, sociales, ecologistas, sindicales y de cooperación en todo el mundo.

Las organizaciones que impulsan esta gira señalan que, en el contexto de la emergencia climática, ecológica y energética actual, cada vez más gente reclama que se reconozca el ecocidio como un delito universal y que se acabe con esta situación de impunidad corporativa.

Es por ello que Ecologistas en Acción, en el marco de la Alianza por la Justicia Global, demanda el establecimiento de normas nacionales e internacionales vinculantes en materia de derechos humanos y empresas que definan obligaciones específicas para las empresas transnacionales a lo largo de sus cadenas de valor a nivel global y que garanticen el acceso efectivo a la justicia y la reparación a las comunidades afectadas por sus impactos.

“Avanzar en el establecimiento de mecanismos efectivos para controlar y sancionar los abusos cometidos por las grandes corporaciones, reparar a las poblaciones afectadas y remediar los impactos socioambientales generados, se ha convertido en uno de los grandes desafíos actuales para la humanidad”, concluyen dichas organizaciones.

Los tres invitados peruanos en esta gira estarán disponibles entre el 14 de febrero y el 3 de marzo para ofrecer declaraciones y entrevistas a medios de comunicación.

Dosier de prensa, con información completa sobre la gira (fechas, actos, bios)