Mujeres migrantes creando estrategias contra las violencias

Migrar no es viajar. Migrar es huir, buscar, resistir, necesitar, anhelar, sufrir, es violencia, discriminación, hipocresía, fronteras y racismo. Estos fueron algunos de los términos más verbalizados durante una jornada, organizada por Alianza por la Solidaridad, y que ha reunido el pasado 7 de junio a importantes activistas y profundas conocedoras de los contextos que rodean y afectan a las mujeres migrantes. Bajo el título ‘Mujeres creando estrategias frente a las violencias’, se han analizado las circunstancias y razones que llevan a muchas mujeres a migrar.

La conclusión, al finalizar el encuentro, es unánime: las mujeres migran como estrategia para resistir a la violencia que sufren en sus países de origen, asumiendo, además, los riesgos de agresiones durante el trayecto y en los lugares de destino.

En este encuentro ha participado nuestra compañera Dánae García, activista y asesora de la Oficina de Información y Denuncia de SOS Racismo Madrid, quien ha comenzado su intervención denunciando el hecho de que las mujeres tengan que normalizar las violencias que se ejercen contra ellas, como único mecanismo para seguir adelante, y ha criticado la invisibilización que existe a nivel social de estos abusos. Para ejemplificar esta afirmación, Dánae tira de actualidad y recuerda las violaciones y la explotación sufridas por 400 mujeres marroquíes trabajadoras en los campos de la fresa de Huelva, y que hasta ahora nadie se había atrevido a denunciar.

El horror, califica Dánae, “es que llega un punto en que las mujeres normalizan y aceptan su vulnerabilidad e invisibilidad para poder seguir luchando. Sufren acoso, lo asumen y solo denuncian cuando no pueden más, pero hasta ese momento, pasa mucho tiempo y sufrimiento”. Éste ha sido el caso de las mujeres en Huelva, quienes ahora se enfrentan a represalias y amenazas de intento de deportación, incluso a aquellas que tienen tarjeta de residencia”.

De su experiencia, Dánae García destaca el miedo, por un lado, y la desinformación, por otro, como los principales factores que llevan a las personas migrantes a denunciar y pedir asesoramiento legal. En el caso de las mujeres, concreta dos ámbitos donde ellas sienten más miedo, y sufren especialmente las consecuencias del racismo, la discriminación y la falta de información: los centros de asistencia sanitaria y las prisiones.

En el ámbito de la asistencia sanitaria, con excepción de los casos de urgencia, la asistencia a menores y a embarazadas, las mujeres migrantes temen acudir al médico, bien por estar en situación administrativa irregular, por el trato discriminatorio y racista que reciben del personal médico y administrativo en centros de salud y hospitales, o porque se cuestiona su credibilidad cuando deciden denunciar estos comportamientos.

Las cárceles constituyen otro escenario donde las mujeres migrantes experimentan continuas discriminaciones y agresiones racistas, que quedan totalmente invisibilizadas. Estas mujeres no tienen acceso a asistencia letrada, recursos ni información sobre las opciones de reinserción, o acceso al subsidio de excarcelación, no comprenden las penas que se les imponen, y se enfrentan al racismo de jueces, fiscales, abogados de oficio, policías y funcionarios. “Detrás de los muros de una prisión no existen derechos para ellas”, resalta Dánae.

La ‘burorepresión’ de la Ley de Extranjería y otras leyes ad hoc.

Durante su exposición, nuestra compañera ha hecho énfasis en el “daño” que está provocando la Ley de Extranjería, bloqueando los procesos de regularización y para conseguir papeles, con interminables y muy costosos procesos burocráticos, que dificultan no solo la consecución de documentación, sino la renovación para quienes ya cuentan con ella, generando en las personas migrantes en una constante incertidumbre, inseguridad y miedo a ser deportadas.

El procedimiento empieza con una parada racista donde la policía pide documentación a determinadas personas solo por ser racializadas; si carecen de la documentación las llevan directamente a un CIE y de ahí son expulsadas, “aunque- denunció Dánae- cada vez son más habituales las expulsiones que se hacen desde la comisaría directamente, sin dar opción a la persona detenida a encontrar un abogado para su defensa”.

Igualmente, se están aplicando otras leyes, como la denominada ‘Ley Mordaza’, que agravan el menoscabo de derechos e integridad de las personas migrantes– evidencia Dánae, relatando un caso reciente ocurrido en Algeciras. Se trata de una mujer negra, venezolana, de 65 años de edad y en situación administrativa regular, a la que se ha impuesto una multa tras reaccionar indignada al trato al que fue sometida por la policía en su trayecto de Ceuta a Cádiz. Por problemas de salud, tiene que viajar con frecuencia de Ceuta a Algeciras y siempre la someten a controles. Un día la obligaron a hacerse una ecografía para ver si transportaba droga; ella se sintió agredida y reaccionó llamando racistas a los agentes de policía. Esta acción le ha supuesto la imposición de una multa, y le podría dificultar la renovación de papeles.

Ésta, como otras cientos de historias, colman los archivos de la OID de SOS Racismo Madrid y la paciencia de los movimientos antirracistas y feministas que, a pesar de las dificultades, seguirán luchando por los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Bajo esta premisa, Dánae García advierte: “Necesitaban mano de obra, pero no contaban con que llegáramos personas, que tenemos derechos y los vamos a defender”.