La denuncia de las «cloacas» se extiende: once partidos exigen que se investiguen los hechos
Unidas Podemos, ERC, Sobiranistes, PNV, EH-Bildu, Junts x Catalunya, Compromís, BNG, Más País, Equo y la CUP publican una declaración conjunta para exigir al Gobierno que "investigue los hechos, depure responsabilidades y adopte medidas drásticas para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político".
El president del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado que «en el Estado español se practica el espionaje político«. El líder independentista ha señalado en una declaración desde su despacho que su móvil fue atacado lo que permitió escuchar sus conversaciones y activar la cámara y el micrófono a distancia.
Torrent ha indicado que sabían desde hace tiempo de «las prácticas ilegales de la lucha contra el independentismo» pero que ahora tienen las «pruebas fehacientes». Ha añadido que el Estado espía de forma ilegal, algo que forma parte de «una causa general contra el independentismo que denunciamos durante años».
Según una investigación de El País y The Guardian, el móvil del presidente del Parlament fue objetivo de un programa espía en 2019, que bajo el nombre de Pegasus fue desarrollado por la compañía israelí NSO, y que sólo se vende a Gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.
El teléfono del político republicano fue atacado con Pegasus entre abril y mayo de 2019 a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que abrió la puerta a la instalación del programa en 1.400 móviles en todo el mundo. Torrent ha relatado que dos periodistas se pudieron en contacto con él la semana pasada para explicarle el ataque del que había sido objeto su móvil.
Podemos y los nacionalistas exigen llegar hasta el final en el asunto Torrent
Podemos y los nacionalistas han suscrito un manifiesto, promovido por ERC, que han leído conjuntamente en el Congreso, en el que exigen que se investigue hasta el final el supuesto espionaje al móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent, y se cree una comisión «amplia» en la que comparezcan los implicados.
Bajo el nombre Declaración de denuncia, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha iniciado la lectura denunciando la «gravedad» de los hechos. Han seguido leyendo el manifiesto diputados y portavoces de JxCat, Unidas Podemos, EH-Bildu, PNV, Más País, BNG , CUP y Compromís.
En su intervención, Rufián ha subrayado que el espionaje no era sólo a Torrent sino también a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a otros representantes del independentismo y a las investigaciones e informaciones referidas al caso Villarejo.
Sergi Mikel, de JxCat, ha proseguido el relato calificando de «intolerable» el uso por motivos políticos del programa espía Pegasus e «impropio de un estado democrático y de derecho».
Para el diputado de En Comú Podem Jaume Asens, «una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales. No es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos».
Ha cerrado la lectura, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha asegurado que nunca dejarán de exigir responsabilidades porque nunca normalizarán prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales. «Es una exigencia democrática».
ERC pide que comparezcan Marlaska y Robles
Torrent considera que el hackeo de su terminal es «impropio de un Estado democrático» y ha anunciado acciones legales, además de exigir al Gobierno español que «se investigue y se depuren responsabilidades».
Precisamente este martes, Esquerra Republicana ha registrado dos peticiones en el Congreso de los Diputados. La primera para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de explicaciones «en relación a los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales«.
ERC también ha solicitado que comparezca la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depende de su departamento.
En su declaración, Torrent ha pedido explicaciones al Ejecutivo porque «si tenía conocimiento es cómplice de un delito» y «si no lo sabía es una negligencia política». El líder del Parlament ha exigido que «se ponga fin a la guerra sucia contra el independentismo» y que se «esclarezca la verdad».
Torrent denuncia que se han vulnerado sus derechos a la intimidad, al derecho de las comunicaciones y el «derecho a desarrollar un proyecto político independentista sin injerencias». Añade que también habrían sido espiados Anna Gabriel y Jordi Domingo y que se habrian vulnerado los «derechos fundamentales de muchísima gente», en referencia a los líderes políticos, económicos y sociales con los que mantuvo conversaciones.
En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha indicado que el Ejecutivo no conoce el hackeo del móvil de Torrent y que «ninguna escucha se puede hacer sin orden judicial» por lo que anima al interesado a recurrir a los tribunales.
* Con información de Agencias.