Intersindical RM: «Rechazamos la Ley de simplificación administrativa en materia de medio ambiente»

La organización sindical tilda de atentado medioambiental una norma que puede suponer el definitivo debilitamiento de la normativa ambiental que protege el patrimonio natural y la biodiversidad, que es un insulto a la labor del personal de las direcciones generales medioambientales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y que muestra a lo que están dispuestas las empresas agroindustriales de nuestra Región, que, con la complicidad del gobierno regional, siguen esquilmando nuestros recursos naturales.

El delegado de Intersindical Región Murciana, Nacho Álvarez-Castellanos, tilda de “insulto a la inteligencia” las palabras del Consejero José Ramón Díez de Revenga, que defendió esta iniciativa argumentando que “se conserva muchísimo mejor el medioambiente cuando la sociedad progresa” y que esta protección “no se consigue con más burocracia”. En opinión de Álvarez-Castellanos, una vez más el gobierno regional culpa al personal empleado público que vela por el medio ambiente de un atasco producido por el propio gobierno, que nunca ha querido dotar de medios humanos y materiales estos organismos públicos.

El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado este miércoles la tramitación como proyecto de ley del Decreto-ley de simplificación administrativa de medio ambiente, medio natural, investigación e innovación agrícola y medioambiental, una nueva vuelta de tuerca en el debilitamiento de la normativa ambiental que protege el patrimonio natural y la biodiversidad, así como en la merma de las garantías de protección de otro de los bienes públicos más denostados por la administración, las vías pecuarias.

Desde la Intersindical Región Murciana ven con extrema preocupación una nojustificadorma que, con la excusa de acceder a los fondos europeos “Next Generation” y bajo la fachada de la simplificación administrativa, supondrá la liquidación de la estructura y los controles medioambientales de la administración regional.

De esta manera, indica la organización sindical, un repaso al documento arroja una serie de cuestiones muy dudosas. En primer lugar, el capítulo III introduce un hecho significativo y de gran valor simbólico y práctico, indicando que ya no será el órgano forestal el responsable en cuanto a los procedimientos de evaluación ambiental de los proyectos de explotación agrícola de áreas naturales, seminaturales e incultas, sino el órgano competente en materia de producción agrícola, circunstancia que sin duda seguirá facilitando la pérdida de áreas naturales en favor de la agroindustria.

Respecto a la regulación de las vías pecuarias, la Disposición Adicional Primera regula el procedimiento de reclasificación automática de éstas que se encuentran afectadas por suelo urbano o urbanizable sectorizado, lo que vendría a bendecir muchas de las ocupaciones e intrusiones que han sufrido estas vías públicas. De hecho, en opinión de Intersindical, este artículo incurre en inconstitucionalidad porque se invierte el procedimiento previsto en la Ley básica estatal de Vías Pecuarias. Esto es, la clasificación de las vías pecuarias ha de realizarse con arreglo al procedimiento previsto en la Ley, y son los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico los que se tienen que adaptar a aquella clasificación, no al revés. Una vez más, en opinión de Intersindical, la administración regional cede a los intereses urbanísticos y premia los hechos consumados.

Más preocupante, si cabe, es la mal intencionada concreción que hace el Decreto-Ley en torno al Informe de Repercusiones en la Red Natura 2000. En esta ocasión, se excepciona a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la obligación que establece el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de someter a evaluación ambiental los planes, programas y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000, a través de un procedimiento “ad hoc” -informe “con condicionantes” a emitir por la depauperada Dirección General del Medio Natural. Tenemos que señalar que este informe no está previsto ni en la Directiva ni en la legislación básica del Estado, y traslada toda la presión en una Dirección General convenientemente laminada e infradotada, y actualmente carente de toda capacidad de control y seguimiento de cualquier proyecto potencialmente impactante sobre el medio natural.

Pero el sindicato ve más concesiones a la agroindustria y se pregunta el sentido que tiene revertir ahora, después de varias décadas, el carácter forestal de terrenos antaño agrícolas que fueron convenientemente repoblados forestalmente al calor de importantes programas de ayudas europeos. De hecho, hace en torno a 25 años, estos terrenos entonces agrícolas, la mayoría marginales, se acogieron a jugosas ayudas europeas para su restauración forestal, incluyendo ayudas para su reforestación, su mantenimiento, así como primas compensatorias por la supuesta renta agrícola perdida, por un plazo de 20 años. Ahora, a pesar de que el Decreto-Ley exige como requisito previo el reintegro actualizado de todas las subvenciones percibidas para tal finalidad, o bien, llevar a cabo una forestación de características equivalentes, se abre la posibilidad para que estos terrenos vuelvan a ser roturados y cultivados.

Desde Intersindical Regional insisten en que rechazan frontalmente una norma que pone de manifiesto la auténtica fiebre agroindustrial que sufre esta Región, que debilita la normativa ambiental que protege el patrimonio natural y la biodiversidad, y que ofende la labor del personal de las direcciones generales medioambientales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Secretariado de la Intersindical Región Murciana