CCOO reivindica que los organismos y agentes sociales se coordinen para controlar los contratos agrícolas temporales

Una vez más la recolección anual de la uva en las regiones vitivinícolas de Castilla y León nos enseña la peor cara de la miseria, la de las personas trabajadoras engañadas y la de aquellos que se aprovechan de los más vulnerables. La gran mayoría de los empleadores del sector respetan los requisitos legales y los convenios colectivos, pero algunos siguen ejerciendo abusos sobre las personas trabajadoras y realizando una competencia desleal.

A la reciente detención en Soria de 6 sujetos que esclavizaban a 45 personas en trabajos agrícolas se une la operación este miércoles con otros 2 detenidos en el Bierzo, por coacciones

y amenazas a sus 9 trabajadores. Un buen trabajo de la Fiscalía, la Inspección de Trabajo y las fuerzas y cuerpos de seguridad que han destapado estos delitos.

En el sector primario casi un 40% de la mano de obra es personal de origen extranjero. El trabajo en el campo es estacional y los meses con mayor incremento de altas entre los afiliados

van de junio a octubre. En Castilla y León del total de la población extranjera afiliada a la Seguridad Social hay un 16% de trabajadores agrícolas.

Esto son los datos que reflejan las estadísticas oficiales. No existe un sistema acreditado para contabilizarlo, pero hay que añadir la estimación de un 11% de los trabajos agrícolas que se desarrollan dentro de la economía sumergida. Estas prácticas no sólo afectan a quienes se encuentran en situación irregular; también hay residentes en el espacio Schengen, autorizados a trabajar en España, que caen en manos de los delincuentes. Es la situación de vulnerabilidad de las personas que desconocen sus derechos lo que determina la probabilidad de acabar encerrado en un almacén sobre una colchoneta en el suelo y debiendo dinero por el alojamiento, que el trabajo de más de 10 horas al día no consigue pagar.

La dispersión territorial y especiales características del trabajo en el campo dificultan grandemente el control de las condiciones de las personas que trabajan en explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ello, es fundamental que todos los organismos y agentes sociales intervengamos de manera coordinada para aunar esfuerzos en el seguimiento de las contrataciones que se realicen en este ámbito y establezcamos mecanismos efectivos que detecten las situaciones de ilegalidad que van desde el trabajo sumergido a la coacción, amenazas y secuestro de trabajadores y trabajadoras.

Pedimos a la delegación del gobierno en Castilla y León que reactiven las comisiones de trabajo de asuntos migratorios en las provincias donde no se han convocado y refuercen el seguimiento de las campañas agrícolas para no tener que avergonzarnos con nuevas noticias. Es necesario establecer un marco que permita, de manera previa a las campañas, analizar y cuantificar las necesidades de mano de obra y su localización, facilitar el acceso a candidatos adecuados y disponibles, asegurar su correcta incorporación a sus puestos conforme a la legalidad vigente y garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que determinen sus convenios colectivos.

El servicio CITE que desde CCOO de Castilla y León hemos ofrecido a la ciudadanía hasta marzo de 2022 tiene entre sus objetivos básicos dar a conocer sus derechos y obligaciones laborales a las personas trabajadoras inmigrantes y favorecer así su integración en la sociedad castellana y leonesa. Dotar a las personas de herramientas para acceder a la ciudadanía, conociendo los requerimientos que la ley establece para regularizar su estancia y su nuevo proyecto de vida. Y en este contexto la Junta de Castilla y León suprimió este servicio por considerarlo superfluo, ya que, en opinión del Consejero de Industria, Comercio y Empleo las personas extranjeras pueden utilizar los mismos servicios que están a disposición de toda la ciudadanía.